Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulgó este jueves la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, aprobada tras un histórico debate parlamentario el 30 de diciembre pasado.
“Hoy tenemos una sociedad mejor, más igualitaria”, celebró el gobernante de centro-izquierda, al firmar el decreto de promulgación de la ley que él mismo impulsó, en un acto en el Museo del Bicentenario de Buenos Aires.
Con esta legislación, Argentina se convierte en el país más grande de América Latina en el cual el aborto es legal, después de Cuba, Uruguay y Guyana.
En México está permitido en el Estado de Oaxaca y en Ciudad de México, mientras que en Chile el Congreso comenzó a debatir el miércoles una ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
“Este en un gran paso hacia la igualdad de derechos, dándole a la mujer la posibilidad de decidir y es la culminación de un tiempo de lucha para muchas que durante años bregaron para que el aborto deje de ser un delito que obliga a la clandestinidad y exponerse a los riesgos que conlleva”, afirmó Fernández.
La movilización de miles de jóvenes y colectivos feministas de la llamada ‘marea verde’ resultó crucial para que la ley fuera aprobada en el Senado, que había rechazado un proyecto similar en el 2018.
La norma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial el viernes.
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La ley cruzó de forma transversal las fuerzas políticas y a la sociedad, donde también cobró fuerza un movimiento antiaborto respaldado por las iglesias Evangelista y Católica en el país natal del papa Francisco.
Argentina fue pionera en la aprobación del matrimonio igualitario en el 2010 y de una ley de identidad de género en el 2012.
‘Autonomía reproductiva’
Hasta ahora, el aborto en Argentina solo estaba permitido en caso de violación o de peligro para la vida de la mujer, según el código penal de 1921.
El gobierno estima que desde 1983 han muerto más de 3.000 mujeres en los entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos que se practican cada año en un país con 44 millones de habitantes.
La norma representa “la comprensión por parte del Estado de lo que significa la autonomía reproductiva en la vida de las mujeres”, consideró María Teresa Bosio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir.
La organización es una de las que ha liderado durante 15 años la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que reúne a más de 300 colectivos feministas de todo el país.
La ley contempla la objeción de conciencia, pero obliga a asegurar la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita y dentro de un plazo máximo de 10 días de expresada esa voluntad.
Junto con la ley de aborto electivo se promulgó también este jueves la llamada de los 1.000 días, que garantiza atención y asistencia a la madre durante el embarazo y después al recién nacido hasta los tres años de vida.
“Si alguna vez una mujer tuvo dudas de si podía hacer frente a un embarazo o darle a su hijo lo que necesite, ese dilema lo terminamos: va a haber un Estado atrás de ellas que les va a dar salud y garantías para que su hijo pueda crecer y desarrollarse”, dijo Fernández.
Causas penales
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 2012 y el final de 2020 se abrieron al menos 1.532 causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos (cuando la muerte de un recién nacido se atribuye a la conducta de la gestante).
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“La mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen uno o más hijos”, sostiene el informe del CELS.
Con la nueva ley, que modifica un artículo del código penal, las acusadas deberían ser sobreseídas.
“Deben revisarse los procesos penales en curso y las condenas por abortos o eventos obstétricos relacionados. Debe aplicarse de forma retroactiva (la nueva norma), como ley penal más benigna. De manera inmediata y automática, jueces y fiscales deben revisar las imputaciones y condenas”, señaló el CELS en Twitter.