El Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prescindirá de los servicios de instalaciones estatales en Massachusetts y de otras operadas por privados en Georgia.
“No toleraremos el maltrato a las personas detenidas o las malas condiciones de detención”, expresó el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en un memorando al director interino del ICE, Tae Johnson.
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Esta decisión es un "primer paso importante" en el objetivo de lograr "mejoras duraderas en nuestro sistema de retención de inmigrantes", agregó.
En el Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla, Georgia, un médico fue acusado en setiembre del 2020 de realizar cirugías no consensuadas a las detenidas.
Una enfermera fue quien dio la voz de alarma, al relatar la alta "tasa de extirpaciones del útero" y episodios como el de una migrante a la cual el médico le extirpó el ovario equivocado cuando iba a intervenirla por un quiste.
Según la organización Project South con sede en Atlanta, al menos 17 mujeres, incluidas varias inmigrantes mexicanas, fueron sometidas a procedimientos de esterilización sin su consentimiento o sin tener la información necesaria.
El DHS y la Policía federal (FBI) abrieron una investigación, y el gobierno mexicano pidió explicaciones luego de identificar al menos a dos de sus nacionales víctimas de estas prácticas.
El otro establecimiento, el Centro de Detención de Inmigración C. Carlos Carreiro en North Dartmouth, Massachusetts, estaba en la mira de las autoridades tras una intervención considerada violenta por la policía local contra reclusos que se negaron a hacerse las pruebas del coronavirus en mayo del 2020.
La medida del gobierno de Joe Biden fue elogiada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), líder en la defensa de los derechos humanos.
“Los anuncios de hoy muestran la voluntad de la administración Biden de romper de manera decisiva con los abusos de los derechos de los inmigrantes de administraciones anteriores”, mencionó la abogada de la ACLU Naureen Shah en un comunicado.
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La ACLU dijo que el centro de detención en el condado de Irwin, Georgia, era "conocido por sus condiciones deshumanizadoras y de pesadilla, incluidos negligencia médica generalizada y horribles informes de esterilizaciones forzadas".
Apuntó que a los inmigrantes en las instalaciones en Massachusetts se les había negado "comida y atención médica adecuadas" y criticó el "programa antiinmigrante" del alguacil del condado de Bristol, de cuya oficina depende el centro.
En una carta a Mayorkas en abril, la ACLU pidió el cierre de 39 centros de detención del ICE “como un punto de partida para terminar con la criminalización masiva y el encarcelamiento predeterminado de inmigrantes indocumentados”.
