El mercado de créditos de carbono, una iniciativa contra el cambio climático surgida hace casi 25 años, solo funcionará si se aprueba regulación específica global, afirman expertos que esperan que la COP 26 de diciembre se pronuncie sobre el mecanismo.
"Estamos en un limbo y la realidad es que nadie puede vender ni comprar permisos para transar gases de efecto invernadero", explicó a la AFP la académica de la Universidad de Chile, Maisa Rojas, cuando se desarrolla en el país sudamericano el foro ministerial global Energía Limpia (CEM).
Este mecanismo de créditos de carbono permitiría a los países o compañías que tienen que cumplir metas de reducción de emisiones hacerlo dentro o fuera de fronteras, explicó a la AFP el ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet.
"Puede ayudarle a un tercero a reducir las emisiones con financiamiento y atribuirse o contabilizar esas emisiones" como propias, señaló Jobet.
"Hay bastante consenso" en que los países desarrollados puedan obtener créditos de carbono -que les permiten aumentar sus volúmenes de emisiones- de países en desarrollo menos contaminantes, a través del financiamiento de proyectos de energías renovables.
El concepto detrás de esta idea es que las emisiones "no tienen pasaporte", porque afectan de igual manera a la atmósfera independientemente de donde se generen, ejemplificó.
Gobiernos, empresas e instituciones internacionales tratan de acordar una normativa que regule esta iniciativa, que nació en 1997 con el protocolo de Kioto contra el cambio climático y que se actualizó en el artículo 6 de los Acuerdos de París de 2015, pero que aún espera a la cumbre medioambiental COP 26 en diciembre próximo en Glasgow (Escocia) para que se establezcan reglas de funcionamiento.
Seis años después de su ratificación, este punto todavía está pendiente y será uno de los principales temas a tratar en la COP 26.
Según Teresa Hartmann, líder en materia de clima del Foro Económico Mundial, la suma de todos los programas existentes de intercambio de carbono apenas cubre actualmente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.
"El problema es lo que se llama la doble contabilidad", advierte Rojas. "Uno como país le vende a otro la reducción. ¿Pero quién cuenta la reducción? ¿Lo cuenta el país que lo hace en su territorio o lo cuenta el país al que se le vende? Eso no puede ocurrir, porque lo que necesitamos es que las reducciones ocurran y no contarlas dos veces", señala.
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