El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y los empresarios, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país "de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos", señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
"Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (...) tirarlo por la borda sería un error gravísimo", comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin estima que "pareciera [que los demás diputados] están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos".
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró su negociación, y fue suscrito en Nueva York en septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de la ONU.
"El panorama actual indica que existe poco apoyo de parte de los diputados y diputadas", señaló el Ministerio de Ambiente en una nota en respuesta a una consulta de la AFP.
"Sin embargo, en un país como Costa Rica, donde existe una muy buena protección a los derechos humanos, muy buena protección al ambiente y todo un proceso de validación del impacto ambiental de los proyectos [...] no va a afectar en nada que no se apruebe el Acuerdo de Escazú", agregó.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por "vicios de procedimientos" y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
"La mayor parte de lo que está contenido en el Acuerdo de Escazú, Costa Rica ya lo tiene en legislación propia, el par de cosas que serían nuevas serían una traba monumental para cualquier proyecto de desarrollo futuro del país", según el diputado liberal Eli Fienzag.
A otros parlametarios y al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tampoco les gusta este pacto latinoamericano.
"El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno [...], no creo que sea beneficioso para el país", indicó el mandatario tras asumir el poder, en mayo de 2022.
Según Chaves, de ser ratificado se retrasaría "de manera injustificada" la reactivación económica después de la pandemia de covid-19.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
"Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica", dice la misiva.
"Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción", señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que "contrario a lo argumentado" por los empresarios, la ratificación del Acuerdo sería beneficiosa para la economía de Costa Rica.
"Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo", dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
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