La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dictaminó este lunes que el Estado colombiano tiene responsabilidad en el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya a manos de paramilitares de ultraderecha en 2000.
El tribunal determinó que el Estado no protegió a la comunicadora en lo que se convirtió en un caso emblemático de la violencia contra las mujeres en Colombia.
Jineth Bedoya, ahora de 47 años, investigaba para el diario El Espectador una red de tráfico de armas al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá cuando fue secuestrada por un grupo de paramilitares el 25 de mayo de 2000 frente del centro penitenciario.
La Corte halló que el secuestro, en el que fue torturada y violada, contó con el consentimiento de la policía.
Según el fallo, Colombia tuvo responsabilidad al no atender las múltiples amenazas que había recibido la periodista mientras realizaba la pesquisa, y por no brindarle las adecuadas garantías judiciales tras su denuncia.
El Estado es responsable "por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones", agregó en un comunicado el organismo de la Organización de Estados Americanos con sede en San José, Costa Rica.
La Corte exigió sancionar a los agentes estatales implicados y afianzar mecanismos de reparación simbólicos para las víctima de violencia sexual.
"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de derechos de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de la vida en su oficio", celebró Bedoya en Twitter.
El presidente colombiano, Iván Duque, dijo que su país "acata plenamente la sentencia" y manifestó que Bedoya "jamás debió ser secuestrada y torturada".
"El caso de @jbedoyalima no puede repetirse jamás", añadió el mandatario conservador.
Engañada con la promesa de entrevistar a uno de los reclusos, Bedoya fue retenida por secuestradores que la sometieron durante unas 10 horas a "agresiones verbales y físicas, dentro de las que se incluye una violación sexual por parte de varios" de ellos.
Luego fue abandonada desnuda al borde de una carretera cerca a Villavicencio, una ciudad a unos 123 kilómetros de Bogotá.
El secuestro contó con el consentimiento de la policía, según la Corte, que advirtió tener indicios de la "participación estatal" en el caso.
Los hechos "no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia", agrega el fallo.
La periodista fue galardonada con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la Unesco en 2020 y es símbolo de la lucha contra la violencia sexual cometida por los grupos ilegales en las más de seis décadas de conflicto armado en Colombia.
Su caso hizo que desde 2014 se conmemore cada 25 de mayo el "Día Nacional de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual".
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) celebró la decisión "dignificante" para una mujer que "lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente".
Por su parte, la ONG internacional Reporteros Sin Fronteras lo calificó como un "fallo histórico".
En marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado proteger a Bedoya y su madre, también víctima de amenazas.
En aquella oportunidad Colombia le pidió perdón a través del encargado de la defensa del Estado, Camilo Gómez, quien aceptó "fallas del sistema judicial" durante el proceso.
Pero para Bedoya las disculpas fueron insuficientes y el propio Gómez se retiró de una audiencia alegando un "sesgo" de los jueces.
La Corte ordenó "sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia" contra la periodista y garantizar medidas de reparación simbólicas como la difusión nacional a través de medios públicos de la iniciativa "No es hora de callar", creada por la víctima.
También pidió capacitar a funcionarios públicos y agentes estatales en "conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres" y crear un centro estatal de memoria con los mismos fines.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó que es "la primera sentencia en que la Corte desarrolla el impacto diferenciado de la violencia contra" mujeres periodistas.
Los paramilitares, algunos ya condenados a penas de hasta 40 años de cárcel por esta agresión, fueron milicias de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas en Colombia hasta su desmovilización en 2006.
La Corte IDH no se refirió sobre el cierre de La Modelo, uno de los principales pedidos de Bedoya. Los fallos de ese tribunal son definitivos e inapelables.
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