El Senado de Brasil anunció el domingo el aplazamiento indefinido de la divulgación del informe de una comisión investigadora sobre las presuntas omisiones "criminales" del gobierno del presidente Jair Bolsonaro durante la pandemia de coronavirus.
Los senadores querían más tiempo para debatir el contenido del informe, cuya publicación estaba programada para el martes, y para escuchar a nuevos testigos.
El viernes, el relator de la Comisión Investigadora del Senado (CPI), Renan Calheiros, había anunciado 11 cargos contra el presidente Bolsonaro, entre ellos "homicidio por omisión", "charlatanería", "genocidio de indígenas" y "crimen de lesa humanidad" por la pandemia que dejó más de 600.000 muertos en Brasil.
Los analistas coinciden en que el impacto a corto plazo del informe final de la CPI será "simbólico", porque el mandatario brasileño aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un juicio político.
Sin embargo, las consecuencias políticas podrían resultar desastrosas para Bolsonaro, quien está lejos de tener la certeza de ser reelegido en menos de un año y derrotar al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde abril, once senadores escudriñaron desde una pequeña sala del Senado en Brasilia las presuntas omisiones y mentiras del gobierno de Bolsonaro en la gestión de la pandemia.
En las acaloradas sesiones televisadas con incisivas entrevistas a decenas de testigos hubo gritos, insultos, lágrimas y hasta un detenido por mentir.
La CPI escuchó a casi 60 testigos durante audiencias a menudo tormentosas, con muchas revelaciones comprometedoras para el gobierno.
En un principio, hurgó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno en comprar vacunas o la existencia de un "gabinete paralelo" de médicos y virólogos defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.
En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro la apertura de una investigación judicial por "prevaricación" al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, a la Policía Federal.
O las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el "tratamiento precoz" del coronavirus.
Ahí saltó el escándalo Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad acusada, entre otros delitos, de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus. La Fiscalía de Sao Paulo investiga ese caso, que ha impactado a Brasil.
"Lo que pasó con Prevent Senior es lo más pavoroso, desconozco prácticas parecidas en hospitales de la segunda guerra mundial", declaró a la AFP Bruna Morato, abogada de 12 médicos de la operadora que denunciaron esas prácticas.
"La CPI descubrió muchas cosas. Bolsonaro, con sus chupamedias a tiempo completo, cometió muchos crímenes", declaró a la AFP el presidente de la CPI, el senador Omar Aziz.
La comisión no tiene el poder de denunciar formalmente a nadie, por lo que su informe final será enviado a diferentes órganos para que decidan si prosiguen las investigaciones, entre ellos la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas y un tribunal internacional por determinar.
"Bolsonaro deberá responder por todo eso, tanto en Brasil como internacionalmente", advirtió Aziz.
El mandatario, que tiene cinco investigaciones abiertas en el tribunal supremo y en la justicia electoral, suele decir que la CPI es una "payasada" y niega las acusaciones en su contra.
Por el momento, Bolsonaro está protegido por dos aliados clave: el fiscal general, Augusto Aras, y el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
Aras es el único capaz de acusar al presidente de delitos de derecho común, algo que el politólogo Creomar de Souza considera "poco probable".
No obstante, el informe sumará presión para que Lira active uno de los más de cien pedidos de juicio político contra Bolsonaro.
Y si así fuera, el presidente aún cuenta con un fuerte apoyo de las fuerzas parlamentarias conservadoras y la mayoría de congresistas descartan esa posibilidad.
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