Amnistía Internacional (AI) pidió el jueves la liberación de la exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, detenida hace un año y condenada en diciembre a cuatro años de prisión en un polémico juicio acelerado.
"Virginia Laparra debe ser liberada inmediata e incondicionalmente, un día más en prisión pone en serio riesgo su salud y derechos, además de agravar el contexto de derechos humanos en el país", dijo en un comunicado la directora de AI para las Américas, Erika Guevara.
Grupos humanitarios de Guatemala también piden la libertad de Laparra.
La abogada de 42 años era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la ciudad de Quetzaltenango, en el oeste de Guatemala, cuando el 23 de febrero de 2022 fue arrestada acusada de haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin poseer esa atribución.
Diez meses después, el 16 de diciembre, fue condenada a cuatro años de prisión por el "delito de abuso de autoridad de forma continuada cometido en contra de la administración pública".
El juicio duró apenas 18 días y los únicos testigos que declararon fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.
Aunque la pena es conmutable, la exfiscal sigue en prisión preventiva en la capital guatemalteca por otra denuncia penal presentada por el mismo juez.
La FECI fue creada durante el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que entre 2008 y 2019 ventiló importantes casos de corrupción.
La condena a Laparra es "el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad" en Guatemala, afirmó Guevara.
"Virginia Laparra es una presa de conciencia detenida únicamente por su labor de investigación de casos de corrupción", puntualizó.
La fiscal general del país, Consuelo Porras, a quien Washington acusa de emprender una campaña de persecución contra fiscales anticorrupción, fue ratificada en mayo para otros cuatro años en el cargo por el presidente Alejandro Giammattei.
Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra fue la primera en ser llevada a juicio y condenada.
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