El “lero lero” del ministro y expresidente Rodrigo Chaves es cualquier cosa en comparación con la otra burla a la población de Cartago.
Se trata del retraso injustificado de varios años en la construcción del nuevo hospital Max Peralta y de cómo la administración de Laura Fernández ahora proclama la obra aludiendo a terceros por el atraso, sin mencionar que quienes frenaron el proyecto están dentro de sus tiendas, en el núcleo del oficialismo. Es desconcertante.
Según reportó la periodista Ámbar Segura, de CR Hoy, el 11 de setiembre la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, defendió el terreno para la construcción del nuevo hospital en El Guarco diciendo:
“Nos han cuestionado enormemente que este terreno no cumpliría con las especificaciones técnicas y requerimientos que necesitaba y, por lo tanto, la empresa adjudicataria del proyecto realizó estudios especializados, y esos estudios especializados finalizaron esta semana, sobre todo en acompañamiento con el de estudio sísmico que lo hicimos con el Instituto Tecnológico (TEC) y, gracias a Dios, pues es un dictamen favorable el que obtuvimos del terreno”.
La jerarca de la CCSS añadió que tampoco hay amenaza de inundación y que se hizo otro estudio sobre riesgo industrial. Por su parte, la presidenta de la República, Laura Fernández, dijo el 14 de setiembre que el hospital de Cartago “va porque va”.
Es inevitable preguntarse: ¿La presidenta de la CCSS y la presidenta de la República, quienes fueron parte del gobierno anterior, están al tanto de que fue el expresidente Rodrigo Chaves el que se opuso obstinadamente al levantamiento de la obra en el terreno de El Guarco y de que él y Pilar Cisneros insistían en hacer un nuevo proceso para buscar otra propiedad?
El exmandatario llegó al grado de utilizar documentos equivocados para frenar la obra y la exdiputada Cisneros hasta mencionó el accidente nuclear de Chernóbil para justificar la oposición a la obra en El Guarco.
Es fácil consultar archivos para recordar que también trataron de frenar el proyecto la actual diputada de Pueblo Soberano Marta Esquivel, expresidenta de la CCSS, y la exvicepresidenta y exministra de Salud, Mary Munive (embajadora designada en Italia).
¿A quién alude entonces la actual jerarca de la Caja cuando dice “nos han cuestionado enormemente que este terreno no cumpliría con las especificaciones técnicas y requerimientos”?
Es cuestión de revisar los hechos:
Primer freno a la obra
En marzo del 2023, durante el gobierno de Chaves y el periodo de Marta Esquivel en la CCSS, la Junta Directiva de la Caja frenó el nuevo hospital de Cartago alegando problemas de financiamiento. Sin embargo, la institución retomó el proyecto un mes después cuando la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo presentado por los alcaldes de la provincia.
‘Esto es un asco’, alegó Rodrigo Chaves
En el 2023, Rodrigo Chaves alegó que el terreno adquirido por la CCSS en el 2011 no cumplía las condiciones requeridas y frenó el uso de la propiedad. “Esto es una barbaridad, es un asco”, pronunció.
Chaves usó documentos de otro terreno para justificar el freno
El 24 de mayo del 2023, Chaves empleó públicamente documentos erróneos para demeritar el inmueble por la supuesta cercanía de industrias químicas y de combustibles.
En conferencia de prensa, expuso unos papeles para justificar esa hipótesis, pero los documentos correspondían al análisis de otro terreno que la CCSS había descartado hacía años y que se ubicaba en El Fierro, a más de nueve kilómetros de distancia de El Guarco.
Con base en ello, Chaves ordenó no construir el hospital en el terreno de El Guarco y abrir una licitación para adquirir otro.
Auditoría descartó denuncia
En octubre del 2023, la Auditoría Interna de la Caja descartó una denuncia planteada por Marta Esquivel contra el proceso de compra del terreno.
Gobierno continuó poniéndole palos por delante a la carreta
Pese a que trascendió el error presidencial y al descarte de la denuncia, la administración Chaves continuó poniéndole palos por delante a la carreta.
En mayo del 2024, el Poder Ejecutivo presentó, en la Junta Directiva de la CCSS, una moción para declarar desierta la licitación destinada a contratar la construcción de la obra.
Votaron a favor de la moción las actuales diputadas Marta Esquivel Rodríguez (entonces presidenta de la CCSS) y María Isabel Camareno Camareno, así como Jorge Porras López. No obstante, los otros seis directivos votaron en contra y adjudicaron la obra a la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V.
Ministerio de Salud se opuso
En su fallido planteamiento, el bloque de Gobierno en la Junta de la CCSS mencionó una respuesta enviada por la entonces ministra de Salud, Mary Munive, en donde alegaba que el terreno de El Guarco no era apto para la construcción de un hospital seguro.
Munive advirtió de que si el hospital se construía en El Guarco, el Ministerio de Salud no lo habilitaría.
Pilar Cisneros citó Chernóbil
Antes de eso, en febrero del 2024, la entonces diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, actual asesora de Laura Fernández, había mencionado el accidente nuclear de Chernóbil como ejemplo para oponerse a la construcción del hospital en El Guarco.
Alegó que el hospital estaría “lleno de industrias químicas que eventualmente pueden tener un accidente” e insistió en buscar otro terreno.
Empresa mexicana renunció, pero Junta de Adquisiciones readjudicó
En setiembre del 2024, la empresa mexicana renunció a construir la obra.
No obstante, en marzo del 2025, la Junta de Adquisiciones de la CCSS readjudicó la construcción a la empresa Van der Laat y Jiménez por cuanto había obtenido la mayor calificación para la readjudicación.
Presunta persecución
En mayo del 2025, Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura de la CCSS, denunció que sufrió una presunta persecución por parte de la expresidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, por señalar que no existía ningún impedimento para construir el centro médico en El Guarco.
En resumen, con documentos equivocados, advertencias y una denuncia descartada, el gobierno retrasó por varios años una de las principales obras para la provincia de Cartago.