A criterio de los denunciantes, el Poder Ejecutivo no exigió los requisitos contractuales a la empresa que revisa el estado de los vehículos para extender sus operaciones en el país.
A la mandataria la acusaron por los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y favorecimiento personal.
Según la denuncia, las autoridades del Gobierno debían promover el mayor número posible de prestadores del servicio de revisión técnica vehicular, pero no el Poder Ejecutivo no publicó el cartel de licitación del servicio.
La denuncia señala que esto se hizo con el fin de favorecer los intereses de Riteve S & C.
El diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge apoyó la gestión esta misma tarde.
También figuran como acusados ante la Corte Plena el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Llach Cordero, y el viceministro de transportes terrestres y seguridad vial, Rodrigo Rivera Fournier.
