Lentitud estatal deja prescribir caso de niña que salió ilegal del país

El 19 de diciembre del 2014, una mujer pudo sacar a su hija de 9 años de Costa Rica, con destino a Portugal, pese a que el papá había interpuesto ante Migración una alerta para evitar que la menor fuera sacada del país.

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Dos años y medio después, la menor no ha regresado al país y Migración confirmó que el error quedó sin castigo alguno, pues la lentitud estatal hizo que prescribiera la investigación en contra de cinco funcionarios.

Los investigados eran Rosibel Vargas Durán, gestora de Migraciones; Wendolyn Hidalgo Araya, colaboradora de Gestión de Migraciones; Jenny Gamboa Rodríguez, gestora de Tecnologías de la Información; Allan Araya Alvarado, jefe del Subproceso de Base de Datos; y Kembly Ospino Vargas, colaboradora de Gestión de Migraciones.

'Es una frustración'

Ante una consulta de La Nación, Roy Valverde, padre de la menor que fue sacada ilegalmente del país, aseguró que la prescripción del caso le genera "desazón".

"Desconocía que se había archivado el caso en Migración, pero esto lo que me genera es una frustración y una desconfianza tremenda en las instituciones públicas y en los procedimientos que se llevan a lo interno".

Valverde criticó que se dejara pasar por alto "este grave error". "Estamos hablando que por esta falta no veo a mi hija desde hace más de dos años. No es posible que esa negligencia quede así, sin ningún castigo, como si nada hubiese pasado".

El comienzo

Según confirmó Migración por medio de un correo electrónico, la Dirección General solicitó a la Asesoría Jurídica que realizara una investigación preliminar para determinar qué pudo provocar el fallo. La petición se realizó en noviembre del 2015, luego de que La Nación diera a conocer el caso.

El 16 de diciembre de ese mismo año, el departamento legal recomendó la apertura de un procedimiento administrativo en contra de los cinco funcionarios. A ellos se les investigaría por la supuesta comisión de una falta de diligencia que facilitó la salida de la menor.

La Dirección General avaló la recomendación y remitió, el 18 de diciembre del 2015, el asunto al Ministerio de Gobernación, debido a que Migración es un órgano de esa cartera.

"Es la viceministra de Gobernación (Carmen Muñoz) quien cuenta con la potestad disciplinaria de los funcionarios de Migración", se lee en el documento enviado.

Según el Código de Trabajo y el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, el procedimiento se debía abrir durante el mes siguiente al recibo del expediente por parte de ese viceministerio.

"Si el viceministerio recibió la documentación el 18 de diciembre del 2015 (y, por ende, se percató de los hechos que fundamentan la investigación), el procedimiento debió incoarse a más tardar el 18 de enero del 2016. En esa fecha ya debieron estar notificados los funcionarios contra los que se ordenó el procedimiento, de la resolución del órgano director que le da curso y señalada la fecha para la audiencia oral", indica el correo enviado por Migración.

Sin embargo, la resolución del viceministerio, donde se nombraba el órgano director, llegó a la Asesoría Legal de Migración el mismo 18 de enero del 2016, día en el que prescribía la acción.

"Posteriormente (el 26 de enero del 2016), el jefe de la Asesoría Jurídica asigna el caso a la funcionaria que había sido designada como órgano director, quien se percata de que estaba prescrito, por lo que emitió oficio al Ministerio de Gobernación, advirtiendo la prescripción para salvar su responsabilidad", añadió el correo.

Migración agregó que Gobernación devolvió el caso, alegando que no podía declararse la prescripción de oficio.

"El Órgano Director entonces notificó la resolución de apertura del procedimiento a finales de febrero (del 2016)".

No obstante, en dicha audiencia, los funcionarios investigados alegaron la prescripción y hasta ahí llegó el caso.

El Ministerio de Gobernación, por su parte, descartó que el caso prescribiera. Aseguró que los funcionarios no fueron sancionados porque, cuando se terminó la investigación, ninguno trabajaba ya para Migración.

"Desde el día en que el expediente llegó al Ministerio de Gobernación hasta el momento en que se resolvió el caso, toda la investigación y la cronología de los hechos nos dice que se actuó en tiempo y a derecho", se lee en el correo electrónico enviado por la oficina de prensa de esa cartera.

Otra investigación

Luego de que se declaró la prescripción, Gobernación le ordenó a la Asesoría Jurídica de Migración realizar una "investigación preliminar" para determinar si la falla en el sistema de alertas era atribuible a un error humano o tecnológico.

En esa pesquisa el investigado era Anthony Morera Vásquez, encargado de Sistemas.

Según Migración, se determinó que el sistema de alertas automáticamente "rebotó" la restricción de salida de la menor que había renovado el padre.

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"Es evidente que la nueva restricción no fue leída por el sistema como una renovación de la anterior, sino que cayó sobre la primera", agregó Migración.

Por esa razón, Migración considera que, aunque el asunto prescribió en el fondo, esa otra pesquisa dejó ver que todo se trató de un "caso fortuito".

"Los que se señalaron como eventuales responsables no lo fueron, sino que ciertamente se trató de un error en el sistema", concluye el documento, en el que aseguran que ya se realizaron las "correcciones necesarias para que esto no vuelva a suceder".