Red de corrupción opera en Conavi desde hace 20 años

“Hace aproximadamente 20 años, funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) (...) han operado en una red de corrupción asociada a las grandes empresas constructoras como MECO, a cargo de Carlos Cerdas Araya, y H Solís, a cargo de Mélida Solís Vargas y Roberto Acosta Mora”.

“Esta organización criminal se encarga de conducir los procesos licitatorios en materia de conservación vial en favor de estas empresas constructoras, a cambio de dádivas o ventajas, logrando con ello adjudicaciones, beneficios indebidos en la ejecución de pagos de los contratos, omisiones en las supervisiones de las obras de infraestructura vial adjudicadas y, en consecuencia, incrementos patrimoniales indebidos en detrimento de la hacienda pública”.

Ambos párrafos constan en la solicitud planteada el 30 de agosto del 2019 por la fiscala auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Johanna Rodríguez Acosta, ante el Juzgado Penal de Hacienda, para que el Caso Cochinilla se declarara procedimiento especial de delincuencia organizada.

En esa presunta red, a lo largo de los años, agrega el expediente judicial, han figurado nombres tan conocidos como Carlos Villalta Villegas, ministro de Obras Públicas y Transportes entre febrero del 2016 y junio del 2017; Edgar May Cantillano, gerente de la Unidad Ejecutora MOPT - BID; o Johnny Barth Ramírez, exgerente de Contratación de Vías y Puentes, y Carlos Solís Murillo, gerente financiero del Conavi hasta mayo pasado. Estos dos últimos ya pensionados.

Desde la empresa privada, además de los máximos jerarcas de MECO y H Solís, se citan como enlaces, entre otros, a Abel González Carballo y Alejandro Bolaños Salazar, gerente general y representante legal de MECO, respectivamente.

También a Ángel Tobías Arce Alpízar, quien es señalado como el encargado de realizar los pagos de dádivas a los funcionarios públicos.

Sin embargo, la lista de 18 personas investigadas la completan otros mandos medios del Conavi, como ingenieros de proyectos, el jefe de Tesorería un analista de costos del Consejo y la secretaria del exgerente financiero (Vea lista completa al final de este artículo).

Esos nombres figuran en la lista de 30 personas detenidas el 14 de junio por presuntos delitos con obras viales, sobornos y la aparente malversación de ¢78.000 millones del Conavi entre el 2018 y los dos primeros trimestres del 2020.

Según el reporte de la Fiscalía, las actividades ilícitas emprendidas por los investigados se han desarrollado en las últimas dos décadas, incluso, apenas se creó el Conavi, inaugurado en 1999 en la administración de Miguel Ángel Rodríguez.

“Por tanto, no se trata de una organización conformada fortuitamente, sino que, por el contrario, ha sido formada y consolidada a través de los años, representando uno de los mayores ejemplos de corrupción pública y privada en nuestro país”, agrega el expediente judicial.

Producto de este accionar, otras firmas más pequeñas fueron incapaces de competir en ese mercado y quebraron, señala el informe judicial.

Los que no callaron

Para llegar a estas conclusiones, los fiscales y agentes contaron con decenas de testimonios de funcionarios de empresas privadas afectadas por la posible colusión o pactos ilícitos entre MECO y H Solís, así como las denuncias anónimas de varios empleados del Conavi.

Precisamente, señala el expediente, funcionarios del Consejo aprovecharon otro escándalo reciente en el Conavi para acercarse a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y denunciar los hechos anómalos.

Lo anterior ocurrió el 27 de noviembre del 2018, fueron allanadas las instalaciones del Conavi tras la pifia de la carretera 257, que iba a enlazar la ruta 32 con APM Terminals, en Moín.

En aquel momento, varios trabajadores se pusieron a disposición de la Unidad Anticorrupción del OIJ, aduciendo que en la entidad hay muchos funcionarios honestos que querían limpiar el Conavi.

“Esto por un tema país, dado que a dicha institución se le da el porcentaje más alto de presupuesto para obra y se están desviando los recursos de forma aparentemente legal a dos empresas en específico, las cuales reinvierten lo que cobran de más en pagos a los mismos funcionarios”, dice el informe de la Policía Judicial del 18 de junio del 2019.

Un caso de crimen organizado

La declaratoria del Caso Cochinilla como crimen organizado le ha permitido a las autoridades judiciales intervenir los teléfonos de los investigados para poder descubrir la posible colusión entre agentes públicos y privados.

Además, al tratarse de un caso complejo, se extienden los plazos de investigación, apelaciones y medidas cautelares. Esto ha permitido que la audiencia para dictar dichas medidas se haya extendido más de una semana.

Para definirlo como crimen organizado es necesario que el grupo esté conformado por más de dos personas, que se mantenga actuando a lo largo del tiempo y que cometa delitos graves que ameriten prisión de cuatro años o más, establece el artículo 3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Al respecto, según detalla la Fiscalía, en este caso se investiga el cohecho propio, que ocurre cuando un funcionario público recibe una dádiva a cambio de realizar un acto contrario a sus funciones. Ello habría ocurrido cuando los funcionarios se interesaron indebidamente en los procesos licitatorios a favor de MECO y H Solís.

También habría ocurrido el delito de penalidad del corruptor, que se habría dado con los dueños de ambas firmas, “quienes se han encargado de comprar la voluntad de los funcionarios a través de la entrega y promesas de dádivas”.

El pago irregular de contrato administrativo se habría dado cuando miembros de la organización autorizaron, consintieron y aprobaron pagos a sabiendas de que algunas de las obras de mantenimiento vial eran defectuosas, por cuanto en dichos trabajos no hubo un ingeniero responsable de verificar la calidad y ejecución conforme al cartel.

Otro delito posible es el fraude de ley, pues es probable que los funcionarios públicos que participaron en las licitaciones que favorecieron a MECO y H Solís, en asocio con empleados privados, actuaron al amparo de las normas jurídicas, pero sin perseguir el interés público, sino la satisfacción y el beneficio particular.

Al ser el Conavi una entidad que maneja $250 millones anuales solo en contratos de mantenimiento vial, ese es foco suficiente para que una red de corrupción “permanezca, crezca y se fortalezca”, indica el Ministerio Público.

“Se trata de una organización criminal sumamente rentable para los funcionarios corruptos porque adquieren la capacidad de incrementar sus patrimonios de manera ilegítima.

“También rentable para las grandes empresas H Solís y MECO, las cuales, producto de corromper a estos servidores públicos e instrumentalizarlos para sus fines, han logrado posicionarse prácticamente como un duopolio nacional en infraestructura vial, recibiendo cuantiosas ganancias y, lo más preocupante, ejecutando obras de baja calidad, defectuosas e incompletas”, concluye la Fiscalía Anticorrupción.

Los primeros nombres citados

1. Carlos Villalta Villegas, exministro de Obras Públicas y Transportes

2. Harold Mora Obando, analista de la gerencia de Contratación, Conavi

3. Edgar May Cantillano, gerente de la Unidad Ejecutora MOPT-BID

4. Johnny Barth Ramírez, exgerente de Contratación de Vías y Puentes, Conavi

5. Carlos Solís Murillo, exgerente financiero, Conavi

6. Ronny Coto Chaves, ingeniero en Río Claro

7. Reynaldo Mata Carranza, director regional Guanacaste, Conavi

8 Mauricio Sojo Quesada, ingeniero en Pérez Zeledón

9. Javier González Murillo, director regional Pérez Zeledón, Conavi

10. Leonardo Monge Hernández, asistente del analista de costos, Conavi

11. Sergio Antonio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería, Conavi

12. María Marcela Monge Hernández, secretaria de la gerencia financiera, Conavi

13. Carlos Cerdas Araya, dueño MECO

14. Mélida Solís Vargas, dueña H Solís

15. Roberto Acosta Mora, dueño H Solís

16. Abel González Carballo, gerente de Operaciones de MECO

17. Alejandro Bolaños Salazar, representante legal de MECO

18. Ángel Tobías Arce Alpízar, enlace entre Conavi y empresarios

Fuente: Expediente judicial 19-000025-1218-PE