Según la acusación del Ministerio Público, la constructora MECO giraba el dinero de las dádivas a la empresa Trac Pesados y de ahí pasaba a manos de empleados del Consejo Nacional de Vialidad
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Jurista sostiene que entrabamiento de caso Cochinilla debe llamar a la reflexión sobre manejo de investigaciones de esa complejidad.
Las 25 personas físicas que tienen medidas cautelares por su presunta relación con aparentes contratos irregulares de obra pública, del llamado Caso Cochinilla, tienen cada vez más flexibilización en relación con los impedimentos iniciales.