A 10 meses de los primeros allanamientos realizados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso del cemento chino, los implicados cumplen con diferentes medidas cautelares y solo el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas permanece en prisión preventiva.

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Los dos últimos involucrados en registrar una modificación a sus medidas cautelares fueron los exfuncionarios del Banco de Costa Rica (BCR), Leonardo Acuña Alvarado, quien se desempeñaba como subgerente de Finanzas y Riesgos, y Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista.

Ambos permanecían en arresto domiciliario, pero este lunes 17 de setiembre, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José declaró con lugar la apelación planteada por el abogado de ambos, Francisco Dall’Anese, y les impuso firmar cada ocho días ante el despacho que determine la causa e informar y reportar al Juzgado Penal de Hacienda sobre su nuevo lugar de trabajo, horario y funciones en los próximos 15 días.

Asimismo, siguen otras medidas como impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con testigos o funcionarios del BCR, la restricción de acercarse a menos de un kilómetro de oficinas y agencias de la entidad bancaria, así como mantener una fianza por ¢10 millones cada uno para responder por el peligro de fuga.

El Tribunal recalcó que, en caso de que los exgerentes bancarios no cumplan con lo establecido, se les podrán revocar las medidas impuestas y abrir una causa penal por el delito de desobediencia.

En total, seis miembros de la alta gerencia del BCR son investigados por un aparente delito de peculado, bajo el supuesto de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con el financiamiento de $30 millones otorgados a Bolaños para importar cemento desde China.

El Tribunal también confirmó, en la misma resolución, la prisión preventiva para el empresario, quien seguirá recluido al menos hasta el 4 de noviembre próximo, en el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela.

Bolaños es investigado por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito. El importador de cemento chino fue capturado a las 4 a. m. del 3 de noviembre del 2017, en vía pública en Atenas, Alajuela, cuando se trasladaba a alta velocidad en un vehículo Land Rover.

Además de Bolaños, Acuña y Víquez, entre los implicados en la investigación figuran el exgerente general del BCR, Mario Barrenechea Coto; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito, y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.

Barrenechea cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica desde el pasado 4 de agosto, según determinó el Juzgado Penal de Hacienda, que también impuso una prohibición para comunicarse personalmente o por medio de terceras personas con funcionarios del BCR y testigos, también, debió entregar su pasaporte al Juzgado.

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Por su parte, Corrales tiene prohibido acercarse a menos de un kilómetro a las oficinas bancarias en las que laboraba y comunicarse con los testigos de la causa, mientras que Ramírez y Barrantes están en libertad y sin medidas cautelares.

Este martes la Fiscalía General informó, ante una consulta de La Nación, de que la investigación por el caso del cemento chino “se encuentra en desarrollo dentro de la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”.

Añadió que “no es posible determinar cuánto tiempo tardará esta ni ninguna otra investigación, por cuanto los avances se relacionan directamente con la localización de la prueba necesaria para incorporar al proceso”.

El escándalo del cemento chino tiene su origen en el otorgamiento, por parte del BCR, de dos dudosas líneas de crédito hasta por $30 millones, a la compañía Sinocem Costa Rica, propiedad de Bolaños.

Otros involucrados

El 17 de agosto, en relación con este mismo caso, se detuvo a la expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora Tumminelli, pero un día después quedó en libertad, luego de dejar su pasaporte y quedar con impedimento de salida del país. Por los próximos seis meses, debe firmar cada 15 días en un despacho judicial y tiene prohibido contactar a testigos de la causa penal.

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El Ministerio Público investiga a Mora como sospechosa de los delitos de peculado (sustracción de bienes públicos) y tráfico de influencias (interceder para beneficiar a otra persona) por dos asuntos: uno vinculado con el caso del cemento chino y otro por favorecer a una asociación relacionada con el equipo de fútbol de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Mora fue cuestionada por sus compañeros de Junta Directiva por haberse reunido en varias ocasiones con Bolaños, incluso una vez fuera del BCR, y por haber viajado en un helicóptero facilitado por el empresario para observar un lote en Ciudad Colón, según el testimonio que el piloto de la aeronave rindió ante diputados.

En tanto, sobre el crédito al equipo de fútbol, el OIJ señaló semanas atrás que Mora, presuntamente "valiéndose de puestos estratégicos en las juntas directivas de un banco estatal y de una sociedad, obtuvo beneficios patrimoniales en favor de una asociación relacionada con un grupo deportivo de una universidad estatal”.

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Meses antes de la captura de Mora, el 14 de marzo de este año, fueron arrestados cuatro funcionarios del Banco Popular (BP) y dos gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica como parte de las investigaciones relacionadas con el caso del cemento chino.

Las acciones judiciales en este apartado específico se vinculan con las pesquisas por el otorgamiento de un crédito de $5 millones, al parecer en condiciones irregulares, en el 2015.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga, ambos gerentes de Sinocem. Mientras que los empleados del Popular son: Bogantes Brenes, analista de crédito; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos; Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, y Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial y quien formaba parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno.

A todos, después de su captura, se les impuso firmar cada 15 días y no salir del país como medida cautelar.

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Adicionalmente, en octubre del año pasado, la Fiscalía reactivó los procesos contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por supuestos hechos en perjuicio de la función pública, al parecer relacionados con la importación de cemento chino por parte de Bolaños, luego de que los magistrados de la Sala Tercera ordenaron la reapertura del proceso tras una solicitud en la que se argumentó el surgimiento de nuevos hechos públicos.

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