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Funcionarios de AyA y particulares son parte de los detenidos por una serie de delitos que, según el OIJ, facilitaban el ingreso de dinero del narco a la economía del país. Foto: (Cortesía OIJ)
El Juzgado Penal de San José ordenó seis meses de prisión preventiva contra seis de los detenidos el 9 de noviembre pasado como sospechosos de al menos seis diferentes delitos, entre ellos lavado de dinero proveniente del narcotráfico, mediante contratos con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA. Se trata de los cuatro líderes apellidados Camelo Méndez, Montaño Mosquera, López Cobo y García Jr, (mexicano) así como dos mujeres de apellidos Fernández Vargas y Guillén Sánchez, quienes quedaron este jueves a la orden de Adaptación Social.
De igual manera se ordenó la suspensión del cargo por seis meses y firmar una vez al mes a los 15 funcionarios de AyA que son de apellidos Ulate Montoya, Corrales Casanova, Ramírez Marín y Arias Cordero. Así como: Acuña Rojas (mujer), Balcazar Ramírez, Mora Guevara, Araya Li, Cordero Barrantes, Calvo Sánchez, Torres Hernández, Aguilar Jiménez, Fonseca Hernández, Vindas Romero y por último el director regional del AyA en el Pacífico Central, Araya Araya.
El Juzgado también ordenó suspender del cargo a Villalobos Zúñiga, funcionario del Banco Nacional, sospechoso de asesorar a la banda sobre cómo bancarizar fondos sin levantar sospechas. Villalobos tendrá que firmar una vez al mes desde diciembre hasta mayo, informó el Departamento de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial.
Contra los otros tres detenidos, una abogada de apellidos Ávila Cortés, Segura Aguilar y Espinoza Carazo (mujer), solo se ordenó que firmaran una vez al mes y no tener contacto con los testigos de la causa. Al detenido de apellidos Guillén Ulloa no se le dictaron medidas cautelares y quedó libre, pues la Fiscalía no pidió medidas en su contra; sin embargo, sigue relacionado con la causa.
El miércoles 17 de noviembre la Fiscalía finalizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de esas 26 personas vinculadas con el caso policialmente conocido como “Azteca”, el cual es de tramitación compleja por la cantidad de involucrados y por la naturaleza de los delitos investigados, tales como tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos había solicitado un año de prisión preventiva contra 13 de los detenidos, entre ellos varios funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el empleado del Banco Nacional, así como medidas cautelares no privativas de libertad en contra de 12 personas más.
El OIJ capturó a esas personas en 37 allanamientos realizados en San José, Cartago y Alajuela, así como en los cantones puntarenenses de Esparza y Montes de Oro, donde se decomisaron armas de fuego, dinero y vehículos.
Legitimaron más de ¢678 millones
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, se investiga a este presunto grupo criminal, asentado en el Valle Central y en la costa pacífica, por posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas. Se cree que desde hace más de dos años la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar dinero por medio del Estado.
Para ello, se presume que funcionarios de AyA facilitaban la asignación de licitaciones a empresas como FluVial y Construcciones del Valle S. A. al parecer constituidas por el grupo criminal. Asimismo, la investigación deja ver que en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos y a cambio recibían un porcentaje del dinero como modo de pago. Mediante esas firmas a la banda se le adjudicaron del 2020 a la fecha 17 licitaciones para trabajos en el Pacífico, que permitieron legitimar ¢678 millones.
La Fiscalía también confirmó que el grupo habría reclutado al funcionario del Banco Nacional, a efectos de que le colaborara a insertar en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas.
Líder es reincidente
Uno de los líderes de esa banda es un adulto mayor, de 79 años y de apellidos Camelo Méndez. Este sujeto había sido condenado desde 1997 en nuestro país. El colombiano era parte de una agrupación narco que utilizaba como “burros” a estudiantes universitarios para que llevaran cocaína a Holanda y Alemania.
Más recientemente, Camelo Méndez habría asesorado a otro traficante de drogas sobre cómo almacenar cargas de droga en nuestro territorio. Camelo le explica que lo primero es alquilar una finca, que la resguarde alguien de confianza y convertirla en bodega.
De igual forma, esta banda incluso planeó pagar un soborno para liberar al cómplice colombiano, de apellidos Montaño Mosquera, que había caído con droga el 18 de agosto del año pasado en Alajuela. La Policía Judicial concluyó que el grupo intentó convencer a un abogado para que sobornara a la parte acusatoria y así dejar libre a Montaño, quien es otro de los enviados a prisión preventiva en la presente causa.
El caso Azteca también salpica la política electoral ya que un postulante a diputado en el primer lugar por Guanacaste del Partido Restauración Nacional, Manuel Acón, habría tenido contactos telefónicos con Camelo Méndez, el 1.° de junio de esta año para contarle los pormenores de su participación en la campaña y acordar reuniones personales.
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