Condenados a prisión encapuchados que incitaron a la violencia y amenazaron al presidente en videos

Tres personas fueron condenadas a cumplir penas de prisión por difundir videos en los que, encapuchados y con armas, promovían la violencia y amenazaban al presidente Carlos Alvarado.

Se trata de los líderes del autodenominado Frente Patriota 7 de Julio, el cual aprovechó las redes sociales para enviar sus videos grabados en la zona norte.

La sentencia la dictó el pasado miércoles 22 de enero el Juzgado Penal de San Carlos, durante la audiencia preliminar en la cual se discutía si el caso era elevado a juicio, confirmaron fuentes judiciales.

El Juzgado les impuso dos años de prisión a Álvaro Ramón Sequeira Mendiola, de 60 años, y a Minor Masís Artavia, de 54.

En tanto, a Jeffry Fernández Ramírez, de 34 años e hijastro de Sequeira, le dictaron un año de cárcel.

Los dos primeros deberán descontar la pena en cárcel pues ambos habían recibido condenas penales en el pasado, lo que les impide recibir un beneficio carcelario.

Jeffry Fernández, en cambio, quedará en libertad porque no contaba con antecedentes, lo que lo habilita para acceder al beneficio de ejecución condicional de la pena.

La pena se hará efectiva hasta que el acuerdo logrado entre el Ministerio Público y la defensa de los imputados sea homologada por el tribunal penal. Entre tanto los implicados seguirán descontando prisión preventiva.

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La sentencia los encuentra culpables del delito de motín, fijado en el artículo 304 del Código Penal.

Esa norma sanciona con prisión de uno a cuatro años “a los que se alzaren públicamente en número de diez o más, para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión”.

Al inicio de la audiencia, la defensa de los implicados comunicó que los implicados estaban dispuestos a admitir que cometieron el delito y pidieron que se les rebajara la pena a un tercio (un año de prisión). Sin embargo, el representación del Ministerio Público negoció para que a Sequeira y Masís la pena se fijara en dos años.

Origen del caso

Este caso comenzó a desarrollarse el 7 de julio del año anterior cuando comenzaron a circular videos en redes sociales en el cual un grupo de personas profería amenazas contra funcionarios públicos, amenazaban la institucionalidad del país y prometían acciones violentas y agresivas contra el gobierno de turno.

En el video, aparecían unos 15 sujetos uniformados y con algunas armas de cacería, quienes amenazaron al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

Seis días después, en un operativo conjunto realizado por agentes del Organismo de Investigación (OIJ), la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Fuerza Pública, se detuvo a los líderes.

La acción policial se desarrolló en Río Frío de Pococí, Limón, cuando capturaron a Sequeira quien es oriundo de Limón y a Fernández, que es oriundo de Osa, pero vive en Alajuelita.

Al día siguiente se allanó una finca en La Españolita de Río Cuarto, Alajuela, donde se detuvo a Masís. Además, se rastreó el lugar en busca de evidencias pues se presumía que en esa propiedad se grabó el video.

Viejos conocidos

Álvaro Sequeira Mendiola era conocido por las autoridades pues era fue un dirigente que participó en un grupo llamado Brazo Armado del Pueblo. Además, fue candidato a alcalde en el 2010 por el partido Renovación Costarricense.

Cuando lo arrestaron, se informó que tenía una sentencia de 12 años de prisión, readecuada a tres años y que estaba pendiente de cumplir.

Se le identificaba como capitán Carabina y Miguel. En varias ocasiones, lo capturaron como sospechoso de los delitos de portación ilegal de armas, asociación ilícita y estafa.

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Su hijastro Fernández había sido detenido por privación de libertad, daños y tentativa de homicidio, pero no registra ninguna condena.

Minor Masís, en tanto, es un expolicía y fue líder del llamado comando Cobra. A él lo condenaron a pena máxima en 1996, luego de que el Juzgado Penal de Limón lo declaró autor responsable de homicidio y de violaciones en territorio indígena de Talamanca, donde fue enviado a una misión antidrogas con otros 11 oficiales.