EscucharLas investigaciones denominadas casos Cochinilla y Azteca revelaron las redes de corrupción imperantes en los mandos medios. Hasta entonces, se tendió a situar la comisión de actos deshonestos y fuera de la ley en quienes encabezan las instituciones.
Mediante el uso de herramientas reservadas para la persecución del crimen organizado, el Organismo de Investigación Judicial desveló en el 2021 la existencia de redes de corrupción en equipos burocráticos, que han logrado consolidar un sistema complejo de favores en el otorgamiento de recursos públicos, cuyo funcionamiento es longevo, independiente del ciclo electoral, se vale de la pérdida de potestades ejecutivas del presidente y sus ministros, y abusa de las garantías laborales de los empleados públicos.
Cual fábula distópica, se trata de una “inteligencia” que aprendió a funcionar sin necesidad de acatar órdenes superiores, y que, por el contrario, aprovecha el descrédito de los políticos para emplearlos como “fusibles” que preservan su continuidad —e impunidad— frente a acontecimientos de “cortocircuito” político y administrativo, a falta de herramientas y tipos penales adecuados para su persecución y castigo.
El sistema opera en contra del cambio y el buen gobierno. Invoca criterios normativos generados por él mismo, así como convencionalismos institucionales para aprovechar rentas públicas en beneficio propio y proteger feudos que posibilitan su operación.
Toda agrupación política con auténtico afán de cambio, pero sin suficiente experiencia administrativa, con seguridad verá entrabar su gestión en los “no se puede”, “así no se hace eso”, “la ley lo prohíbe” y “eso no nos toca a nosotros”, y los colocará ante la tesitura de enfrentar la inercia o gobernar.
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La preservación de este estado de impunidad lleva a la colocación de “cáscaras de banano” y produce una gran parte de las denuncias —incluidas las de acoso laboral— contra jerarcas que desarrollan políticas públicas y zocan clavijas que amenazan con desaparecer normalidades perjudiciales y redefinir los márgenes de poder y estatus de sus burocracias.
Los peores resultados de esta trama son liderazgos que acaban por alinearse, o bien, caminan desconfiados y temerosos, medio ejecutando sus planes y preguntándose si vale la pena echarse esos pulsos y exponer su honor y patrimonio al escrutinio sano y a la crítica carroñera.
El combate de este fenómeno va más allá de la indignación y voluntad de hacer las cosas bien. Requiere un plan robusto que valore competencias institucionales en el conjunto del gobierno, regule el lobby y la influencia, revise protecciones laborales perniciosas, introduzca la rotación de las personas que ocupan direcciones y gerencias institucionales, resuelva la lentitud de los procedimientos sancionatorios y proponga actualizaciones del Código Penal, la ley de control interno y la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
En esta tarea también será clave evaluar el papel de la Contraloría General de la República y las auditorías internas. Un punto de partida es la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, elaborada por la Procuraduría de la Ética Pública y la asociación Costa Rica Íntegra, así como la agenda de proyectos presentada por los supremos poderes a finales del 2021.
Al igual que los últimos gobiernos situaron en el más alto nivel ejecutivo el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza y la desigualdad, mediante los consejos presidenciales, los asuntos relativos a la transparencia, la probidad, el gobierno abierto y lucha contra la corrupción necesitan el mismo tratamiento, dado su impacto en las metas de desarrollo, la confianza en las instituciones y la fortaleza del contrato social.
Esta tarea impostergable coincide en tiempo con movimientos globales deseosos de resquebrajar la confianza ciudadana en la justicia y la democracia.
Relegar esta lucha a la acción judicial implica un abandono de las responsabilidades que la sociedad ha dado a partidos políticos, funcionarios y a la propia ciudadanía, y abrirles camino a figuras autocráticas que persiguen transformaciones opuestas a la convivencia plural y al Estado social de derecho.
El autor es politólogo.
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Uno de los detenidos en el llamado caso Azteca. (Cortesía OIJ)
