Los productores de arroz estamos de acuerdo con la eliminación de monopolios, la reducción del costo de vida y la generación de más y mejores empleos.
Nosotros, junto con la cadena de producción, que incluye a los industriales compradores de las cosechas, generamos 33.000 empleos directos e indirectos en las zonas rurales, aproximadamente.
Donde se produce el arroz, los índices de desempleo rondan el doble o más que en el resto del territorio, con el agravante de que la tendencia es la pérdida de puestos de trabajo debido a la ilegalidad e incluso al narcotráfico por la carencia de fuentes dignas de crecimiento personal y de sustento para las familias.
El costo de esa situación en vidas humanas y descomposición social ya es inaceptable, y va en aumento en las áreas rurales.
El Estado pierde ciudadanos y debe gastar cientos de millones en costos policiales, judiciales y penitenciarios. Es una espiral negativa que parece no tener fin.
El sistema de fijación del precio del arroz puede tener defectos, pero un análisis de costo-beneficio comparado con la liberalización, que dará como resultado la importación de la totalidad del arroz, ocasionará pérdida de empleos y las externalidades negativas mencionadas.
Por ahorrar ¢200 o ¢300 por cada bolsa de arroz, habrá más pobreza y delincuencia, que el muy endeudado Estado no podrá contener mediante los costosos programas de asistencia social existentes.
Por otra parte, el gobierno dejará de percibir los tributos y las cargas sociales que pagan los productores de arroz.
Si hubiera alternativas inmediatas de empleo legal en las zonas rurales, se podría abogar por la liberalización y por cambiar el statu quo, pero la realidad es que no las hay.
La liberalización tampoco garantiza la reducción del costo del arroz ni la seguridad alimentaria, pero sí hará que miles de familias rurales queden sin sustento.
Dicen que Costa Rica no es competitiva como productora de arroz y que por eso debería importar el grano del norte y del sur, tierras, por cierto, donde solo recogen una cosecha anual, mientras que aquí son dos.
Nuestros suelos poseen condiciones agronómicas envidiables, pero en razón de las distorsiones y los sobrepesos en los tres factores claves de todo emprendimiento productivo y subsidios en los países de donde importamos, irónicamente, dicen que no somos competitivos.
A pesar de que Costa Rica tiene todo para ser una potencia agroindustrial, tres factores le impiden despegar y la están hundiendo en la pobreza: 1) Altísimos costos de capital causados por los desmedidos márgenes de intermediación bancaria. 2) Onerosos costos de energía originados por los monopolios estatales, y ahora agravados por la inhumana invasión a Ucrania, que ha incrementado el precio de los hidrocarburos y agroquímicos. 3) Asfixiante burocracia y carga tributaria, que obstaculiza avances en la producción.
Mientras persistan estas tres amarras, los productores de arroz y el sector productivo en general seguirán en picada y el consumidor deberá pagar más de lo debido.
La riqueza y el bienestar de una nación dependen de la producción. La solución no es eliminarla y sustituirla por importaciones, sino potenciar la producción quitándole cargas injustas y desproporcionadas.
¿De qué van a vivir las 33.000 personas que dependen de la producción de arroz cuando el precio se liberalice?
giovannigraziano@gmail.com
El autor es productor de arroz en Puntarenas.