Editorial: Serios desencuentros en el MEP

Por segunda vez en muy poco tiempo, un departamento se puso de acuerdo para denunciar políticas adoptadas por el despacho de la ministra y salvar expresamente la responsabilidad de sus integrantes por cuanto pueda suceder si los nuevos programas siguen su curso.

A principios de marzo, los 13 asesores nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada criticaron públicamente las nuevas pruebas de evaluación y diagnóstico por considerarlas ineficaces para comprender las dimensiones del rezago educativo y las correcciones necesarias.

“Como técnicos curriculares, sentimos la necesidad de prevenir y alertar a las autoridades sobre las implicaciones de un proceso evaluativo estandarizado que no responde a modelos y teorías evaluativas reconocidas a escala nacional e internacional”, dice el documento elaborado por los expertos.

Luego, los asesores declaran su disposición a cumplir las órdenes bajo protesta siempre y cuando su responsabilidad quede a salvo: “En amparo de la Ley de la Administración Pública, artículo 109, y en concordancia con el principio de obediencia a las autoridades educativas del Ministerio de Educación Pública, los funcionarios del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, que atienden las asignaturas objeto de esta prueba estandarizada, atenderán lo solicitado por la Administración en cuanto a la ‘revisión de ítems’, pero se desligan de cualquier tipo de responsabilidad sobre este proceso, pues no cuentan con la fundamentación técnica requerida”.

“Es difícil recordar un precedente”, dice el editorial publicado por este medio para comentar el insólito documento. Si bien los precedentes no abundan, pocas semanas bastaron para que apareciera la segunda protesta. Con lenguaje muy parecido, varias jefaturas de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Educación (DRTE) advirtieron sobre “riesgos técnicos, pedagógicos y eventualmente jurídicos” en la nueva estrategia de enseñanza informática diseñada para sustituir, a partir del 2024, el programa desarrollado desde hace cuatro décadas por la Fundación Omar Dengo (FOD).

En la carta dirigida a Fressy Aguilar, directora del departamento, los funcionarios expresan sus preocupaciones con toda claridad. “El objetivo del presente oficio es alertarla a usted y a través suyo a las autoridades superiores sobre situaciones que consideramos de riesgo y salvaguardar nuestra propia responsabilidad administrativa y profesional; todo dentro del marco de los deberes funcionariales que corresponden a nuestros cargos de jefaturas de nivel técnico”, dice el documento.

El común denominador de las dos cartas es el señalamiento de deficiencias técnicas y la salvaguarda de las responsabilidades de los firmantes. Ambas cartas transparentan, además, un serio desencuentro entre la jerarquía y los funcionarios técnicos de alto rango. En el caso de la DRTE, 33 funcionarios pusieron de manifiesto una abierta confrontación mediante otra carta, enviada a la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa y a la Defensoría de los Habitantes.

La elevación de la queja a instancias ajenas al Ministerio es en sí misma reveladora, pero el lenguaje disipa toda duda: “No está de más mencionar que, a nuestro criterio, se ha realizado un abuso de poder por parte de la señora Aguilar, pues ha limitado e invalidado las funciones y decisiones de nuestras jefaturas inmediatas, quienes se han visto directamente afectadas por la comunicación y por la invasión en sus funciones, violentando así la autonomía funcional que les delega la ley”, dice el documento.

A la ministra Anna Katharina Müller le reprochan “fuertes reprimendas verbales a las jefaturas” y “una defensa absurda a una cuestionada, deficiente y casi nula gestión de la directora de la DRTE”.

Los cuestionamientos de los experimentados funcionarios deben ser tomados en cuenta, sobre todo cuando hay tantas coincidencias entre departamentos tan distintos, pero la evidente tensión revelada por las cartas es, en sí misma, un motivo de preocupación por sus posibles repercusiones sobre la educación nacional.