Existe una tendencia en la Administración Pública a trocar los objetivos superiores, los que interesan a los ciudadanos, por los de los funcionarios contratados para trabajar por el bien común. Este problema, conocido internacionalmente como el de agente principal, no solo ocurre en Costa Rica. Obliga a las autoridades —del área económica, de las dependencias del Gobierno Central, de los entes descentralizados y, sobre todo, a la presidencia de la República— a ejercer firmemente su autoridad frente a las entidades y los funcionarios que pretendan separarse de mandatos legítimamente emitidos. La autoridad no ejercida, dice un sabio refrán, se pierde.
En las últimas semanas, hemos visto el temor infundado a achicar algunas entidades públicas que operan con pérdidas, como el Consejo Nacional de Producción, Recope, Japdeva y Racsa, cuando eso es lo exigido por un manejo ordenado de las finanzas públicas. Los rectores de las universidades estatales y los voceros del Poder Judicial recurren a cuanto argumento encuentran cómodo para concluir que constituyen “grupos especiales” y están por encima de toda norma fiscal tendiente a racionalizar el gasto público.
Ahora aparece en rebeldía la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sigue pagando a sus servidores anualidades de lujo, que en pocos años expandirían el monto de las remuneraciones y cargas sociales a niveles insostenibles para las finanzas del país. La Caja concede aumentos automáticos llamados anualidades, los cuales se suman a los incrementos por costo de vida y llegan hasta un 5,5 % del salario base, aunque la recién adoptada reforma fiscal fija el beneficio en un 1,94 % para los funcionarios profesionales y un 2,56 % para los no profesionales (“CCSS sigue pagando anualidades de lujo pese a la reforma fiscal”, La Nación, 16/7/2019).
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Debido al gran número de servidores de la CCSS, unos 57.000, todo desvío hacia arriba con respecto a lo normado se convierte en una enorme suma de dinero, con implicaciones sobre el déficit del sector público consolidado y peligroso para la solidez de los propios regímenes de la seguridad social, como los de Invalidez, Vejez y Muerte y el de Enfermedad y Maternidad.
El mismo fenómeno se observa en otra entidad con funciones de interés social: la Junta de Protección Social (JPS). Al amparo de su convención colectiva, negociada —como todas— con escasísima participación ciudadana, está pagando a sus empleados anualidades de hasta un 6 %. En el caso de la JPS, la práctica puede ser controlada a partir del año próximo, pues la convención colectiva expira en diciembre.
La CCSS desempeña un papel clave en el esquema de seguridad social. No procede, por razones de índole fiscal, recortar de un plumazo todas sus partidas de gasto, pues tendría consecuencias en la atención de los asegurados y el bienestar de sus pensionados actuales y futuros. Pero debe introducirse eficiencia y equidad en las partidas de remuneraciones al personal y otros gastos controlables. Algo similar puede decirse del Instituto Nacional de Seguros, cuya partida presupuestaria para reclamos por pagar no debe ser disminuida arbitrariamente, pero sí introducirse racionalidad en los renglones de pagos de remuneraciones, atenciones, viajes y otros de igual naturaleza.
Si las entidades que manejan los más altos presupuestos del sector público, como son la CCSS, el Grupo ICE, la JPS, Japdeva, Recope y las universidades públicas, se declaran en rebeldía contra las normas de ajuste fiscal, es muy poco lo que logrará la ley recién aprobada. El costo del ajuste tendría que recaer, casi en su totalidad, sobre las espaldas de los pagadores de impuestos, lo cual no solo sería inequitativo, sino también ineficiente, pues se corre el riesgo de poner en coma la economía del país.
Las autoridades deben mostrar firmeza en esta materia y no permitir desvíos adversos de la normativa aprobada como parte de la reforma fiscal.
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