Editorial: Congreso a ciegas

Según el ministro de Hacienda Nogui Acosta, los datos sobre rendimientos son “información técnica que no pensamos importante incorporar”. Pero en ausencia de esos datos, el Gobierno pide a los diputados votar a ciegas, sin entender las consecuencias de su decisión más allá de las afectaciones obvias.

El efecto sobre el viajero de aumentar al 13% el impuesto sobre los boletos aéreos es evidente, pero no hay forma de saber si es necesario desde el punto de vista fiscal a falta de una estimación del ingreso y de su repercusión en las finanzas públicas, en el marco de la propuesta total.

Según el ministro, los rendimientos del paquete tributario “son realmente marginales” o iguales a “cero”. Es decir, el aumento en algunos tributos se compensaría con el alivio ofrecido en otros casos. Ese es el razonamiento utilizado por el Gobierno para negar la creación de nuevos tributos. Según dicen, están ajustando escalas y límites para incrementar los ingresos por un lado y disminuirlos por otro, con el propósito de combatir la desigualdad. Al final, el fisco saldría “tablas” o con un rendimiento “marginal”.

Para llegar a esas conclusiones, Hacienda debe haber hecho los cálculos y estudios. También debió prever la importancia de esa información para demostrar el pregonado propósito de encontrar nuevos equilibrios, pero no estimó necesario agobiar a los diputados con materia tan técnica.

La condescendencia podría causar malestar entre los legisladores, a quienes en lugar de información se les ofrece la oportunidad de hacer un acto de fe. La petición proviene, además, del despacho donde se cometió el “error personal” que redujo a ¢842.000 el ingreso mensual exento del impuesto sobre la renta, hoy fijado en ¢941.000. La modificación incluiría a miles de trabajadores hoy exentos y aumentaría el pago de los demás.

Ese mismo despacho dio marcha atrás en la eliminación de las ventajas tributarias concedidas, con fines ambientales, a los autos eléctricos. Además, cuestionado sobre la eliminación de varias exoneraciones, el ministro dijo que si los legisladores “no lo consideran viable, pueden no aplicarlas”.

Cabe, entonces, preguntar si los cálculos no revelados por Hacienda incluyen el efecto del “error personal” del ministro o se hicieron con la base impositiva correcta, aunque el proyecto haya mantenido, en su texto, la equivocada. Tampoco queda claro cómo los afecta la corrección de la norma sobre autos de lujo y la inaplicación de las medidas consideradas inviables por los diputados.

A estas alturas y con los antecedentes citados, incluso si Hacienda presentara los cálculos, habría motivo para someterlos a un examen riguroso. El escepticismo del Congreso sobre las verdaderas intenciones del paquete fiscal está bien justificado. Hay obvias razones para dudar del “equilibrio” procurado con el impuesto de 30% a las pequeñas y medianas empresas o el aumento del gravamen sobre las sillas de ruedas, para citar dos ejemplos, y no hay forma de estimar el resultado neto de tantos ajustes. Por lo visto, tampoco la opinión pública le ha encontrado sentido a la propuesta ni ha creído las explicaciones.