Limbo inaceptable

Leyendo los argumentos de las partes del porqué no ha sido posible la devolución de los equipos, veo razones válidas de ambas, pero lo urgente es resolver divergencias, porque lo que verdaderamente está en juego es la pérdida o deterioro de equipos con un valor equivalente a ¢12.485 millones.

Me preocupa que las divergencias pasaran a los tribunales contenciosos, dada la mora judicial y los años que normalmente tarda en llegar a la sentencia con carácter de cosa juzgada material. Para dimensionar la gravedad, estamos hablando de años, que probablemente superan la vida de muchos de esos equipos. Valoremos la vida útil de una notebook, una computadora de escritorio o un servidor y sus accesorios. En momentos de rápidos avances de la tecnología y una cada vez más veloz obsolescencia, está claro que su vida es corta.

Sabemos que los equipos se encuentran en una bodega que contiene 60 contenedores, pero desconocemos si las condiciones de su almacenamiento cumplen con las condiciones para preservar su funcionamiento. Pienso, por ejemplo, en los requerimientos mínimos de temperatura y la protección contra el polvo.

Estamos ante una coyuntura en la que el IX Informe Estado de la Educación pide la declaración de una emergencia nacional, y recordemos que una enorme brecha de desigualdad se da en el área de la tecnología y la conectividad en zonas rurales y vulnerables.

Por todo lo anterior, hago un vehemente llamado al MEP y a la FOD, o a los tribunales de justicia para que sin dilación ni excusas lleguen a un acuerdo o resolución cautelar para que los equipos sean utilizados para su fin mayor: avanzar hacia la nueva alfabetización de toda la población que en el siglo XXI va mucho más allá de saber leer y escribir, y necesariamente incluye el aprendizaje tecnológico y el acceso a la conectividad.

nmarin@alvarezymarin.com

La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.