EscucharLa nefasta huelga de los empleados del Poder Judicial se basa en la defensa por mantener los privilegios que tienen en su régimen de pensión, que los diferencian del resto de los trabajadores “normales” del país.
Claramente, el régimen de la Corte es mucho más dadivoso que los demás. La pensión normal es a los 62 años y no a los 65. Les corresponde el 100 por ciento del promedio de salarios de los últimos dos años, sin ningún tope, comparado con menos del 50 por ciento del promedio de salarios de los últimos veinte años para los empleados que cotizan al régimen de la Caja. Su patrono, el Estado, aporta un 13,75 por ciento de los salarios, mientras que el aporte patronal en la Caja es de 5,08 por ciento.
Los empleados del Poder Judicial justifican tener más beneficios porque aportan mucho más a su pensión (11 por ciento de su salario), que los trabajadores afiliados a la Caja (3,34 por ciento). Pero, aun así, los mayores aportes no alcanzan para cubrir los tan altos beneficios. De ahí que un estudio de la Universidad de Costa Rica haya llegado a la conclusión de que el régimen está actuarialmente quebrado.
La solución tiene que venir por una de cuatro vías: un mayor aporte del Estado –lo pagamos todos con más impuestos–, más aporte de los trabajadores, menos beneficios para los empleados judiciales, una combinación de todas las anteriores. Obviamente, los empleados del Poder Judicial abogan por una solución lo más inclinada hacia la primera opción.
Pero si se quiere hacer justicia de verdad, la solución debería ser la eliminación de las diferencias entre los empleados judiciales y los demás, de aportes, de beneficios y de grado de solidaridad. Eso se podría lograr si todos los empleados del país estuvieran bajo la sombrilla de un único régimen: el IVM de la Caja.
Aquellos que quieran tener una mejor pensión tendrían la opción de hacer un aporte adicional –como ya lo hacen los del Poder Judicial–, por medio de una cuenta de ahorro voluntario. Incluso, si algún grupo de trabajadores quiere crear un fondo con sus propias reglas de aportes y beneficios, también lo podría hacer. Pero si en algún momento no les alcanza el dinero para pagar las pensiones, porque repartieron más de lo que aportaron, sería su responsabilidad ponerse de acuerdo para solucionar su problema de sostenibilidad.
Así todos seriamos iguales ante la ley, sin huelgas incómodas que buscan discriminaciones odiosas.
