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Lo que sucedió esta semana con la renuncia de la viceministra de Vivienda y su posterior designación en la directiva del Banhvi refleja algunos de los problemas del Estado.

No hay ninguna ley, ni interpretación legal, ni mezcla de normativas que le permita a un jerarca del gobierno cobrar el incentivo por prohibición si carece de título profesional y de la colegiatura, afirmó en el Congreso la contralora general, Marta Acosta.

Con el traslado, promovido por el gobierno de Luis Guillermo Solís, ella ahora puede devengar hasta ¢1,6 millones mensuales en dietas si asiste a las dos sesiones semanales de junta directiva del Banhvi que, en promedio, duran tres horas cada una. Antes de ello, ganaba ¢1,3 millones por ejercer el cargo de viceministra a tiempo completo.