Por: Aarón Sequeira 24 febrero
La viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, alega que fue inducida a un error administrativo por la Oficina de Recursos Humanos de ese ministerio, para recibir un incentivo que no le correspondía.
La viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, alega que fue inducida a un error administrativo por la Oficina de Recursos Humanos de ese ministerio, para recibir un incentivo que no le correspondía.

Una de las tres viceministras que cobraron incentivos salariales que no les corresponderían ya canceló su deuda con el Estado, informó la Casa Presidencial esta tarde en un comunicado de prensa.

Se trata de Ana Cristina Trejos, la viceministra de Vivienda que, según la Contraloría General de la República, recibió un pago indebido por prohibición para ejercer liberalmente su profesión a pesar de que no tiene título universitario, requisito establecido en la legislación vigente.

A la viceministra se le pagaba un 30% de compensación sobre su sueldo base, lo que dio como resultado que debía devolver exactamente casi ¢11 millones por la totalidad de pagos hechos desde que inició en su cargo.

Comprobante.
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Según informó el Gobierno, Trejos argumenta que fue inducida a un error por las instancias administrativas del Ministerio de Vivienda, en particular por la oficina de Recursos Humanos.

La Contraloría concluyó, en diciembre, que se debe tener el grado de licenciatura para acceder al pago por la prohibición.

De hecho, el grado mínimo que Trejos puede obtener con sus estudios en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica (UCR) es el de licenciatura, por lo que ni siquiera cuenta con el bachillerato.

Desde diciembre, Rosendo Pujol, ministro de Vivienda y jefe de Trejos, había suspendido el pago del incentivo a la viceministra.

Según indicó Trejos en la nota de prensa enviada esta viernes por la tarde desde Zapote, ella presentó sus atestados desde que comenzó esta administración, donde se le calculó el monto de su salario.

Comprobante.
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"Fueron ellos quienes calcularon el monto correspondiente a mi salario, incluyendo pluses y demás componentes. En ningún momento (...) me indicaron que existía un error, reiteradamente se me fundamentó que el monto establecido era el correcto, lo cual consta por escrito en comunicaciones formales, en las que se me indicó que el 30% de prohibición era inherente al cargo y en razón de mis atestados, afirmando incluso que dicha asignación no dependía de la voluntad del funcionario y era irrenunciable", comentó Trejos.

Para pagar esos ¢10 millones, la viceministra solicitó un préstamo personal. Según Trejos, tiene más de dos meses esperando una respuesta a la propuesta de arreglo de pago que le hizo a la oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda.

Viceministra de Presidencia espera dictamen

Antes que el caso de Trejos, se había informado de que Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, había recibido cerca de ¢11 millones como pago por prohibición, también sin contar con los requisitos necesarios para acceder a ese incentivo. En su caso, se dio entre mayo del 2014 y mediados del 2015. Ella se comprometió a devolver el dinero en tractos.

El tercer caso es el de Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, a quien se le ha compensado con un 65% adicional por no ejercer su profesión pese a que aún no se puede considerar abogada, por no estar incorporada al Colegio de Abogados ni tener el título de licenciada.

De acuerdo con una opinión de la procuradora general adjunta, Magda Rojas, quien ejerza un viceministerio en las condiciones de Zúñiga no puede recibir el 65% sobre su salario como compensación por la prohibición.

Mientras que Ana Cristina Trejos ya devolvió la suma y Carmen Muñoz logró un arreglo de pago por su caso particular, Ana Gabriel Zúñiga queda en espera de dictámenes de instituciones como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General, informó Casa Presidencial.

Este jueves, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, informó de que ordenó reducirle a Zúñiga el porcentaje en 20 puntos, del 65% al 45%, así como hacer las consultas respectivas a la Contraloría y a la Procuraduría, para aclarar si debe recibir esa compensación y en qué monto.

"Ella ya dejó de percibir el 20% del plus y ya se dijo que acatará el dictamen de las instancias correspondientes; ya se dijo que sí devolverá el dinero en caso de que este dictamen formal indique que el pago no procedía", respondió Ana Isabel Alvarado, periodista de la viceministra Zúñiga.

Desde el miércoles 22, la viceministra de la Presidencia está de vacaciones y regresará a labores el 7 de marzo.