Los cuatro recursos de amparo y uno de hábeas corpus, que interpusieron ciudadanos y sindicatos contra el director de la Policía de Tránsito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Fuerza Pública, no implican la suspensión de los operativos en los que se hace el retiro de placas a autobuses que prestan servicios a huelguistas.
Desde el 17 de setiembre pasado, el Gobierno anunció que realizaría acciones para bajar placas a aquellos vehículos de transporte público que cuenten con una concesión del Estado y que se usen para otras rutas u horarios para los que no estén autorizados.
De hecho, el miércoles retiró 22 placas a autobuses fuera de su ruta regular que llevaban a personas que se unirían a la marcha nacional que inició a las 10 a.m. en San José.
Esta situación generó la molestia de líderes sindicales, entre ellos, Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien aprovechó su perfil en Twitter para calificar como una “represión” contra los autobuses que transportaban a los huelguistas, para, según él, “impedir la movilización popular, violentando las libertades de circulación, expresión y de protesta”.
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Consultada al respecto, la Sala Constitucional, a través de la oficina de prensa, detalló que todos lo expedientes se encuentran en estudio de admisibilidad y que “la sola interposición del amparo o hábeas no suspende el acto”.
Los expedientes que estudia el tribunal constitucional son el 18-14997-0007-CO presentado por una mujer de apellidos Carvajal Loaiza y el 18-15198-0007-C, de otra ciudadana de apellidos Rojas Alfaro, ambos contra la Dirección General de Tránsito.
Además el 18-15205-0007-CO interpuesto por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), contra el MOPT; el 18-15216-0007-CO de la Unión Médica Nacional, contra el director general de la Policía de Tránsito, German Marín; y, el 18-15218-0007-CO del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), contra la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito.
El miércoles las autoridades retiraron las placas a autobuses en Pavón de los Chiles, Liberia, Ciudad Quesada y San Ramón de Alajuela, según los sindicalistas.
German Marín, había aclarado el 17 de setiembre que “los permisos del Consejo de Transporte Público (CTP) son específicos y cerrados. Los buses tienen rutas que cumplir, de un punto a otro, o para trasladar estudiantes, según la autorización respectiva”.
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La sanción podría ir incluso más allá del retiro de placas de las unidades. El Gobierno ha advertido que evaluaría en cada caso la imposición de otras medidas, como una multa de ¢104.000 y la elevación de la situación a la Autoridad Reguladora de servicios Públicos (Aresep).