La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Irene Cañas Díaz, fue denunciada penalmente por ejercer su cargo desde el extranjero; una situación no contemplada ni en la normativa de la entidad ni en la legislación nacional sobre teletrabajo. La funcionaria, además, acumulaba 140 días de vacaciones a agosto del 2021.
Así lo expuso este jueves 3 de febrero la auditora general del Instituto, Sofía Machuca Flores, al pedir que se investigue si por ello Cañas habría cometido delitos como violación al deber de probidad, incumplimiento injustificado de deberes, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
La causa está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público. La auditora también planteó el asunto a la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública.
Flores precisó estas gestiones en el oficio 0020-047-2022 que envió al jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, quien le había hecho varias consultas luego de cuestionar a Cañas Díaz por sus repetidas salidas del país.
El diputado aseguró en diciembre que la jerarca acumuló dos meses de ausencia de Costa Rica entre setiembre y noviembre pasados, según una certificación que solicitó a la Dirección General de Migración y Extranjería. El político cuestionó si esos desplazamientos se comunicaron al Consejo Directivo del ICE, si fueron con goce de salario o en representación del Instituto en eventos internacionales.
La propia Cañas Díaz le respondió en diciembre que, en agosto del año pasado, falleció un hermano suyo quien vivía en Panamá en compañía de su hijo de 8 años. Por ello, narró, viajó regularmente a ese país para trámites ligados a la custodia legal y definitiva de su sobrino, del que se ocupa desde la muerte del padre porque, según su declaración, ella es ahora la persona con mayor cercanía afectiva para el menor.
La Auditoría Interna, sin embargo, aclaró que el teletrabajo desde el exterior no lo autoriza ni la normativa del ICE, ni la Ley para Regular el Teletrabajo (N° 9738).
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“Es criterio de esta Auditoría, las leyes que regulan la operación del ICE están estructuradas desde la base de la territorialidad. La Ley N° 449 Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad dispone la territorialidad de las funciones del ICE; sus obligaciones originarias corresponden a la satisfacción del bien público de la sociedad costarricense, por lo tanto, contienen en su esencia el concepto de territorialidad, por lo que el ejercicio de un puesto como el de presidente ejecutivo del ICE no podría ejercerse en el exterior del país de manera permanente, ya que no corresponde ni atiende los intereses de la institución”, declaró la auditora en su respuesta al diputado.
En su mensaje, Machuca Flores recordó que el teletrabajo para los funcionarios del ICE arrancó de forma masiva como medida excepcional por la pandemia de covid-19, declarada mediante el decreto ejecutivo No. 42221 del 10 de marzo de 2020 por el Poder Ejecutivo.
La auditora indicó así que no es un derecho adquirido ni una condición formalmente establecida en el contrato y condiciones laborales de los funcionarios del ICE. Incluso agregó que el caso de Cañas Díaz tampoco supone una excepción a las reglas para el resto de trabajadores de la entidad.
A criterio de la auditora, el cargo de Cañas es a tiempo completo y de dedicación exclusiva el cual se complementa con procedimientos alternos a nivel institucional si debe ausentarse. En tal escenario, recordó Machuca Flores, el Reglamento Interno del Consejo Directivo abre la posibilidad de designar una presidencia ad hoc por ausencias temporales de quien ejerza el puesto de forma regular.
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“Esto no es un tema personal, comprendo la situación de la señora Cañas, pero el ICE está en una situación compleja en sus finanzas y ella no tiene un contrato para labores desde el extranjero y tampoco hay reglas claras al respecto. El Consejo Directivo actúa de forma permisiva en este caso frente a la administración superior y borra sanos equilibrios en una institución que viene en apuros”, declaró el diputado Abarca este viernes al ser consultado.
Mediante la oficina de prensa, La Nación consultó este viernes a la jerarca sobre la denuncia, y recordó que el solo planteamiento no implica, necesariamente, que la causa se abrirá.
“La Auditoría Interna se encuentra en su derecho de interponer las denuncias que considere oportunas pero debe tenerse claridad de que la presentación de una denuncia no constituye la apertura de un proceso judicial. Las autoridades correspondientes deberán analizar el caso. La señora Cañas no se referirá más a este tema debido a que existe un interés superior de un menor de edad”, indicó el área de prensa del ICE eso de las 3 p. m.
Sin embargo, una media hora después, la presidenta ejecutiva se refirió más ampliamente al tema en su Facebook. Afirmó que mientras ha hecho frente al proceso de guarda crianza de su sobrino, no ha descuidado sus responsabilidades al frente del Instituto y sus responsabilidades.
“No me referiré más a este tema porque implica hablar de una situación familiar donde se encuentra una persona menor de edad con una discapacidad involucrada y no pienso seguir sometiéndola a esta exposición”, escribió Cañas Díaz.
Vacaciones acumuladas
Como parte del descargo que ella hizo en diciembre ante los señalamientos del legislador socialcristiano, se refirió a 79 días laborales contados a partir del 23 de agosto y con corte al 9 de diciembre. De ellos, dijo haber tramitado nueve días de permiso por el fallecimiento del hermano y luego el de su papá, quien murió el 14 de octubre del 2021, a unas semanas del deceso de su hermano.
Fuera de esos nueve días, también dijo haberse visto obligada a gestionar 32,5 días de vacaciones para atender a su sobrino y trámites en Panamá, a los cuales se sumaron dos feriados (15 de setiembre y 1.° de diciembre).
Sin embargo, Machuca Flores advirtió una semana después del intercambio público entre el diputado y la jerarca del ICE, que esa funcionaria acumulaba 140 días de vacaciones para el momento en que se vio forzada a atender la tragedia que afectó a su familia.
Así lo expresó el 17 de diciembre por escrito al Consejo Directivo del ICE, donde detalló que esos días libres sin tomar implicaban una contingencia por ¢51,5 millones.
En su oficio 0020-306-2021 al Consejo Directivo, la auditora agregó que había 1.425 los funcionarios que incumplían entonces normas internas por juntar más de dos periodos de vacaciones. Declaró que eso tenía un impacto negativo en las operaciones y finanzas del ICE por la existencia de un pasivo para esos días libres sin tomar que ascendía a ¢5.022 millones.
El diputado agregó este viernes que, en consultas adicionales que hizo a la auditora del ICE, esta le actualizó el saldo de días libres acumulados de Cañas el cual ascendía a 94 al 31 de enero anterior y equivalían a una contingencia por ¢34,6 millones.
Sobre este punto, Cañas Díaz aseguró en Facebook que ella es funcionaria en propiedad en el Instituto, por lo que no será liquidada al finalizar su gestión ni recibirá pago de ninguna naturaleza por este saldo de vacaciones. Aseguró además, que presentó un plan para disminuir el periodo de descanso pendiente en al menos 73,5 días al 7 de mayo de 2022.