Los decretos ejecutivos posteriores a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas habrían dejado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “en una situación comprometida” y “con poco margen de negociación”.

En eso coincidieron, por separado, dos miembros de la Junta Directiva de la Caja, quienes insistieron en que las decisiones que se tomaron en la institución, desde que se aprobó la reforma fiscal, buscaron siempre cumplir con el marco de legalidad.

Se trata de la representante del Estado, Fabiola Abarca Jiménez; y de Maritza Jiménez Aguilar, quien ocupa una silla por el movimiento solidarista.

Ellas se refieren a varios decretos que el gobierno de Carlos Alvarado emitió, entre febrero y julio de este año, para establecer las nuevas reglas sobre el pago de anualidades y otros incentivos salariales, con base en lo estipulado en la reforma fiscal.

Tanto Abarca como Jiménez, aseguran que en febrero hubo un primer decreto que sirvió de base para negociar con los sindicatos del sector salud, firmar un acuerdo y terminar, en aquella oportunidad, con una huelga.

Sin embargo, posteriormente se emitieron otros dos decretos que, en criterio de ambas, cambiaron las reglas del juego y comprometieron a la institución, pues lo acordado con los sindicatos quedó en el limbo y el margen de maniobra para volver a negociar quedó muy reducido.

“El señor (Román) Macaya (presidente ejecutivo de la CCSS) siempre fue con firmeza ante los sindicatos de que la ley ( la reforma fiscal) se debía cumplir y buscando una solución jurídica que pusiera fin al dolor humano que estaba causando la huelga”, mencionó Abarca en una respuesta enviada por escrito a La Nación.

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“(...) Se habló de buscar la manera de judicializar la diferencia en un contencioso administrativo siempre dentro del marco de la legalidad y, en esa línea, el presidente ejecutivo junto con el Poder Ejecutivo, firmaron el acuerdo”, agregó la representante estatal.

Por su parte, Jiménez Aguilar considera “muy difícil darle sostenibilidad a negociaciones para cumplir con los alcances de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el empleo público con un cambio de las reglas en periodos tan cortos de tiempo, pues a la fecha se han publicado ya cuatro decretos”.

“Los decretos posteriores (a la ley 9635) dejan a las autoridades de la CCSS en una situación comprometida y con poco margen de negociación, pues cambian totalmente las reglas del juego y solicitan ahora el replanteamiento de los alcances del acuerdo (del 20 de febrero). Esta falta de coherencia en los decretos publicados es un factor condicionante del proceso vivido”, expresó Jiménez Aguilar, también en una respuesta escrita.

Abarca y Jiménez estuvieron entre los miembros de la Junta Directiva citados el domingo 11 de agosto para recibir un informe sobre el estado de situación de la huelga –que ese día llegaba a los siete días–, y para conocer las propuestas que llevarían los representantes del Poder Ejecutivo en el equipo negociador.

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De esa cita, encabezada por Macaya y los ministros de la Presidencia y Trabajo, Víctor Morales y Steven Núñez, respectivamente, salió la propuesta que finalmente el gobierno y la CCSS firmarían con los sindicatos 24 horas después.

En ese documento se acordó llevar el diferendo por el pago de anualidades y pluses a un proceso de lesividad en los tribunales contencioso administrativos, donde pasarán más de cinco años para obtener, si hay suerte, una sentencia en firme.

En el ínterin, se acordó mantener la forma de cálculo pactada en el acuerdo del 20 de febrero: estimar las anualidades y pluses como porcentaje del salario y no como un monto nominal o fijo, como lo establece la reforma fiscal para el resto del sector público.

Solo así, los sindicatos aceptaron deponer la huelga, porque ya habían rechazado antes la propuesta de llevar el caso a un arbitraje. Incluso, la Junta Directiva les pidió en pleno una tregua por los asegurados, pero tampoco aceptaron.

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Lluvia de críticas

Otra de los miembros de las Junta Directiva, Marielos Alfaro Murillo, quien representa a los empresarios, manifestó que ellos siguieron las indicaciones de un numeroso grupo de asesores jurídicos que se hicieron presentes aquel domingo, acompañando a los ministros de gobierno y al presidente ejecutivo de la Caja.

“Todos preguntamos por qué estaban yendo en esa dirección, y ellos dijeron que esa era la dirección adecuada, pero ahora surgen cuestionamientos sobre la legalidad de todos los acuerdos que se tomaron. Como directores, se les dio un voto de confianza. Se les dijo: ‘Vayan negocien y resuelvan en el marco de la legalidad’”, expresó Alfaro el viernes, en una entrevista telefónica.

Ella se refiere al criterio vertido por varios juristas que analizaron los compromisos firmados tanto el 20 de febrero como el 12 de agosto.

En este último, la vía judicial elegida para dirimir el conflicto ha sido severamente criticada, pues ahí pasarán, al menos, cinco años para llegar a un fallo, mientras los empleados de la CCSS seguirán recibiendo sus beneficios sin ajustarse a la reforma fiscal.

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Según Alfaro, en la próxima sesión de la Junta Directiva, el 22 de agosto, el director jurídico Gilberth Alfaro, y el cuerpo legal de la CCSS tendrán que explicar qué pasó.

“Aquí hay una cadena de responsabilidades. El acuerdo queda expuesto, es un documento público; lo tienen personas con formación jurídica que salen a los medios, y también la Unión de Cámaras le ve vicios de ilegalidad”, agregó la empresaria.

Por su parte, Maritza Jiménez, de los trabajadores, reconoce que durante la huelga siempre se procuró “el levantamiento de un movimiento que afecta la salud y los derechos de los usuarios de nuestros servicios, y sometimos las solicitudes sindicales al análisis de las autoridades competentes en materia legal, constitucional y laboral”.

El movimiento dejó 1.600 cirugías sin hacer, más de 82.000 citas perdidas y más de 20.000 procedimientos y exámenes diagnósticos pendientes.

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Jiménez es del criterio de que los beneficios de los cuales gozan los más de 57.000 trabajadores de la Caja son el resultado de negociaciones de años atrás.

La representante de los solidaristas también reconoce que los sindicatos “han mostrado una visión aferrada a la exclusiva defensa de sus representados”."

“No han logrado incorporar, como parte de su proceso de toma de decisiones, el principio de servicio, componente fundamental del deber de probidad que también debe regir sus actuaciones”.

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“La amenaza d paralizar los servicios de áreas vitales y de especialidades médicas es una prueba de lo anterior y un factor determinante en los alcances de la negociación final”, agregó.

Tanto Jiménez como Abarca respaldan la gestión de Román Macaya en este asunto.

“(...) Facilitó el cese del movimiento, logrando que los alcances de los decretos y directrices del Poder Ejecutivo sean dilucidados en instancias especializadas”, concluyó Jiménez.

El máximo órgano de decisión de la Caja está integrado por nueve miembros: tres representantes del Estado (Román Macaya Hayes, María de los Ángeles Solís Umaña y Fabiola Abarca Jiménez); tres de los empresarios (Marielos Alfaro Murillo, Álvaro Salas Chaves y Christian Steinvorth Steffen); y tres de los trabajadores (José Luis Loría Chaves, por las cooperativas; Maritza Jiménez Aguilar, por los solidaristas; y Mario Devandas Brenes, por los sindicatos, temporalmente de baja por un asunto personal).

La Nación trató de conversar con otros miembros de ese órgano de decisión pero no fue posible contactarlos.