Rodrigo Chaves renuncia a sus proyectos de ley sobre seguridad ciudadana

“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque, de manera inmediata, todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo”, dijo Chaves en la Escuela Nacional de Policía en Pococí, Limón.

Añadió que, en adelante, “vamos a reportar cada miércoles los asesinatos que, desde el punto de vista de la Policía, hayan ocurrido o hayan sido causa de las leyes débiles de este país o de las acciones erróneas de los jueces”.

El gobernante argumentó que los diputados “no se han cansado” de manifestar que las iniciativas del gobierno “no sirven para nada, que son malas y decidieron rechazarlas o archivarlas”.

El martes, el Gobierno desconvocó tres de sus cinco proyectos de seguridad antes de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso dictaminara negativamente el plan 23.692 por considerarlo inconstitucional.

El proyecto pretendía introducir cambios en los criterios que deben tomar en cuenta los jueces al decidir sobre el otorgamiento de prisión preventiva, libertad condicional y medidas cautelares. No obstante, con base en criterios de la Fiscalía y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, un informe de subcomisión concluyó que la propuesta violentaría el principio de presunción de inocencia.

Asimismo, la noche del martes, los diputados dictaminaron negativamente la propuesta de reforma a la Ley de Armas y Explosivos porque no reformaba nada relativo a las armas que utilizan los sicarios, que son de tipo militar, sino que solo agregaba regulación a las armas legales.

“A partir de este momento, el Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación, eficaz y contundente, contra los grupos de crimen organizado”, alegó Chaves.

“Ahora, les pasamos la bola, única y exclusivamente a ellos”, insistió.

En lo que va de este año, se han registrado 824 asesinatos, por encima de los 567 del año pasado.

En diciembre del 2022, ante el crecimiento de los homicidios, Chaves pidió que evaluaran su labor, en esa materia, a partir de lo que ocurriera en el 2023.

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Mandatario busca repartir responsabilidades

En su discurso, el mandatario lanzó recriminaciones contra el trabajo que realizan los Poderes Legislativo y Judicial.

Dijo que el Gobierno avanzaría de forma paralela, pero que había llegado la hora de “repartir la responsabilidad, de acuerdo a la Constitución, ante el público, y que cada palo aguante su vela, y rinda cuentas de su desempeño”.

Anunció que las iniciativas del Poder Ejecutivo en materia de seguridad serán sustituidas por otras 26 propuestas, presentadas por las distintas fracciones legislativas. El listado fue elaborado por los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Sin embargo, Chaves no se comprometió a respaldar las reformas

Indicó que muchas de ellas no van a tener “ningún impacto sobre la guerra de bandas (...), de la misma manera” que la ley aprobada para exonerar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del impuesto del valor agregado (IVA) y la norma para agilizar el levantamiento de cuerpos de personas fallecidas en hechos violentos.

Pese al cuestionamiento, dijo que se mantendría “absolutamente vigilante del oportuno avance de las iniciativas que ellos (los diputados) parecen saber que van a corregir este problema”.

Igualmente, acusó a los miembros de la Comisión de no haber intentado corregir los textos impulsados por el Gobierno, pese a que una de las cinco propuestas, el expediente 23.690, fue modificado y aprobado por el órgano legislativo.

El mandatario también emitió críticas al trabajo del Poder Judicial. Manifestó que las autoridades no “deberían permitir que otros países nos den los casos resueltos y casi que ordenen que hagamos lo que nosotros debimos haber hecho con los recursos y activos de reconocidos narcotraficantes”.

Mencionó como ejemplo el caso de Gilbert Hernán de Los Ángeles Bell Fernández (alias Macho Coca), quien es calificado como uno de los más grandes traficantes de droga de Costa Rica por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El gobierno norteamericano ordenó, el pasado 17 de noviembre, el bloqueo de todas las propiedades de Bell en territorio norteamericano, congelando también sus cuentas en nuestro país.

Inseguridad, principal preocupación de los costarricenses

La preocupación por la inseguridad y la delincuencia se mantiene como el problema que más aqueja a la población con una tendencia creciente, de acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Creció a un 41,3 puntos porcentuales, en los últimos dos meses, el porcentaje de personas que identifica a la inseguridad como el principal problema del país.

La cifra era de un 27,8% en setiembre pasado

El alto grado de preocupación que manifiestan las personas se suma a la desconfianza de que la administración Chaves sea capaz de solucionar el problema, una percepción que ha venido aumentando desde abril del presente año.

Subió de un 61,5% a un 69% el grupo que tiene “ninguna o poca confianza” en la capacidad del Gobierno para solventar la inseguridad y la delincuencia, mientras que bajó de un 38,5% a un 31% el que sostiene “mucha o alguna confianza”.

Chaves cuestionó si el rechazo de los proyectos del Ejecutivo, por parte de los diputados, se debió “a un cálculo político, para atacar al Gobierno de la República por lo que más preocupa a los costarricenses”.

Los 5 proyectos planteados por el Gobierno

Expediente 23.692: Plantea cambios en prisión preventiva, libertad condicional y medidas cautelares.

Expediente 23.688: Otorga rango de ley al decreto ejecutivo N.°40849-JP que, entre otras funciones, establece las condiciones que deben cumplirse para que el Ministerio de Justicia sopese trasladar a reos del programa de cárcel permanente al sistema semiinstitucional o de confianza.

Expediente 23.689 (dictaminado negativamente): Modificaría la Ley de Armas y Explosivos con el objetivo de elevar las penas por posesión ilegal de armas y aumentar los casos en que una persona no puede acceder a un permiso de portación.

Expediente 23.690 (dictaminado positivamente): Este es un proyecto que permitiría las escuchas telefónicas en investigaciones sobre delitos de homicidio simple y feminicidio. Los diputados eliminaron la parte que permitiría que la policía política de la Presidencia (la DIS) participar en la intervención de llamadas y mensajes de teléfonos.

Expediente 23.691: Duplicaría la prisión preventiva a adolescentes involucrados en casos de presunto crimen organizado o que representen peligro para la sociedad.