El proyecto de ley 23986 se basa en una premisa errónea para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana.
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Una alcaldesa de Chile planteó la manera más cuerda y plausible para combatir la violencia.
Objetivo es evitar que crimen organizado pueda acceder a información sobre contrataciones utilizadas para proteger a las víctimas de la criminalidad o testigos clave en procesos judiciales