Rodrigo Chaves rechaza proyecto sobre ‘terapias de conversión’ por la autoría

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, expresó, este miércoles, su oposición al proyecto de ley que prohibiría las “terapias de conversión”. Si bien reconoció que no ha leído el texto, dijo que lo rechaza porque lo promueve la fracción del Frente Amplio (FA).

En Casa Presidencial, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, primero declaró que el gobierno estaba en contra de las “terapias de conversión”, pero evitó dar un criterio sobre la propuesta frenteamplista. De inmediato, Chaves intervino para criticar el proyecto debido a su autoría.

“Estamos, desde la silla en que yo me siento, en contra del proyecto del Frente Amplio (FA), como lo he estado en contra de la mayoría de los proyectos y la demagogia de esa fracción legislativa y partido político”, señaló el mandatario durante una conferencia de prensa.

Antonio Ortega, subjefe de fracción del FA, agradeció a la ministra Natalia Díaz por manifestar su oposición a las “terapias de conversión” e indicó que su despacho enviaría al presidente Chaves una copia del texto actualizado.

“Para que se dé cuenta de que, lejos de discriminar o perseguir, esta iniciativa lo que hace es dar un paso en la dirección correcta en materia de derechos humanos, como es la vía, la cultura y el sentir costarricense, en diferentes momentos de la historia”, mencionó.

El expediente 20.970 añadiría artículos a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar las “terapias de conversión” definidas como cualquier esfuerzo sostenido por modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. La iniciativa la presentó el exdiputado del FA, José María Villalta.

Esta semana, abogaron por prohibir dichas terapias las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Colombia, España y Países Bajos, así como la organización Comunidades de Fe e Iglesias Cristianas Inclusivas hacia las Personas LGBTIQA+.

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Las embajadas señalaron que las terapias para suprimir las identidades de género conllevan prácticas como la detención o encarcelamiento, el uso de drogas u hormonas, la cirugía, la violación correctiva, el celibato, la institucionalización psiquiátrica, la inanición y la esterilización involuntaria, embarazo o crianza de niños.

Como contraparte, la Conferencia Episcopal y la Federación Alianza Evangélica Costarricense rechazaron el proyecto. Los obispos de la Iglesia católica argumentaron que el texto no hace diferencia entre mayores y menores de edad, irrespetando los derechos y deberes de los padres con respecto a sus hijos. Agregaron que la legislación ya permite denunciar violaciones a la libertad de las personas “en cualquier tratamiento”.

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En tanto, la Alianza Evangélica señaló que el proyecto “no toma en cuenta el derecho que tiene la persona a buscar un cambio” ni los derechos humanos de los profesionales que puedan suministrar esa “terapia”.

Chaves acusó al Frente Amplio de proponer “legislación peligrosa” y, en su criterio, “contraria a los valores costarricenses”.

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Mencionó, como ejemplo, una iniciativa presentada en el 2023 por diputados del FA y Liberación Nacional (PLN) para asegurar que personas trans, no binarias o de género diverso puedan modificar de forma simple, rápida y gratuita su nombre de pila y sexo en el Registro Civil y en la cédula de identidad, a partir de los 12 años.

El mandatario no quiso adelantar si vetaría la ley contra las terapias, en caso de que logre el apoyo necesario en el Congreso.

Natalia Díaz recordó que los jefes de fracción dieron tiempo hasta el 11 de marzo para que la bancada fabricista del Partido Nueva República (PNR) presente un texto sustitutivo.

No satisfecho con la postura que expresó la ministra, Chaves insistió en consultarle su parecer respecto a la iniciativa del FA. A raíz de este intercambio; Díaz señaló que el texto contiene una serie de sanciones que deben ser analizadas.

La iniciativa legal fijaría tres sanciones para quienes hagan “terapias de conversión”:

-Una pena de 60 a 100 días multa por parte del Ministerio de Salud.

-La cancelación del permiso de funcionamiento.

-La suspensión del ejercicio de la profesión, en caso de haberla, por tres años.