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La Conferencia Episcopal de Costa Rica pidió a los diputados rechazar el proyecto de ley que prohibiría las “terapias de conversión sexual”, las cuales son usadas para tratar de cambiar la identidad de género de personas de la comunidad LGBTIQA+.
Un proyecto de ley, que se discute en la Asamblea Legislativa, prohibiría estas prácticas por considerar que conllevan tortura física y psicológica.
En un criterio firmado por los obispos de Limón y Alajuela, Javier Román Arias y Bartolomé Buigues, la Iglesia católica argumentó que el expediente 20.970 no diferencia entre menores y mayores de edad, “con lo cual no se asegura el respeto que el Estado costarricense debe a los derechos y deberes de los padres y madres con respecto a sus hijos”.
La Conferencia cita fragmentos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño para sustentar su argumento.
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Los obispos citaron el artículo 5 de la Convención, el cual dice:
“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.
El clero también se pronunció contra las sanciones que el proyecto impondría a quienes impartan “terapias de conversión”, al argumentar que la medida “viola la libertad de pensamiento, de expresión y de religión, no permitiendo la objeción de conciencia y violando los derechos de los profesionales en esta materia”.
La iniciativa legal, presentada por el exdiputado José María Villalta, fijaría tres sanciones para quienes hagan “terapias de conversión”:
-una pena de 60 a 100 días multa por parte del Ministerio de Salud.
-La cancelación del permiso de funcionamiento.
-La suspensión del ejercicio de la profesión, en caso de haberla, por tres años.
En otra consideración, la Conferencia Episcopal adujo que se violan los derechos de las personas que no se sientan conformes con su condición y quieran buscar ayuda para cambiar.
Al igual que el Partido Nueva República (PNR), los obispos también señalaron que ya existen leyes para denunciar violaciones a la libertad de personas “en cualquier tratamiento”.
“La Iglesia no puede dejar de defender lo arriba descrito, por el bien de la sociedad costarricense y respetuosamente solicita a las señoras y señores diputados que voten en contra del proyecto de ley 20.970”, cierra el pronunciamiento de los obispos.
El criterio de la Iglesia católica coincide, en gran medida, con lo manifestado por la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) el lunes, que también se opuso al proyecto.
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Por el contrario, las embajadas de Estados Unidos, Canadá, España, Países Bajos y Colombia remitieron una carta a los diputados en la que fustigaron las “terapias de conversión”, por el derecho de las personas LGBTIQA+ al reconocimiento de sus derechos humanos universales, incluidos la vida, la libertad y la seguridad, sin necesidad de sufrir tratos inhumanos o degradantes.
En el mismo sentido, las Comunidades de Fe e Iglesias Cristianas Inclusivas hacia las Personas LGBTIQA+ enfatizaron que todo lo creado por Dios “es bueno”, y que Dios “ama incondicionalmente a todo ser humano, sin excepción o diferencia entre personas”.
