Un proyecto de ley firmado por diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) permitiría que las personas trans, no binarias o de género diverso puedan ser registradas como tales ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Se trata del expediente 23.809, Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex, anunciado la semana pasada y que consta de 58 artículos.
La propuesta tiene el objetivo de asegurar a estas personas el derecho a modificar de forma simple, rápida, efectiva y gratuita su nombre de pila y sexo en el Registro Civil y en la cédula de identidad, a partir de los 12 años.
El texto establece que el Estado no podría exigir, como requisitos para el registro, certificaciones médicas, psicológicas o cualquier otra resulten irrazonables o patologizantes.
Es decir, se prohibiría que el Registro Civil exija certificados de cirugía de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal, así como constancias psicológicas, de estado civil o similares.
El proyecto lleva las firmas de Priscilla Vindas, Jonathan Acuña, Rocío Alfaro, Antonio Ortega y Ariel Robles, del Frente Amplio, así como de Andrea Álvarez Marín y Rosaura Méndez, del PLN.
Según la iniciativa, se busca garantizar los principios de autonomía y autodeterminación personal, confidencialidad, dignidad en el trato, igualdad y no discriminación, así como el de intimidad, el principio de no patologización, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el de justicia pronta.
La rectificación registral se podría realizar vía administrativa o en sede notarial y, una vez cumplidos los requisitos, se ordenará la rectificación.
Por considerarse un dato sensible, el procedimiento de cambio de nombre sería confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.
En caso de aprobarse la iniciativa, el Registro Civil ajustaría la certificación de nacimiento, la cédula de identidad, la tarjeta de identidad de menores, o bien, el documento de identidad para personas extranjeras.
La propuesta establece que los trámites deberán ser gratuitos, expeditos, simplificados, personalísimos y no requieren patrocinio letrado, es decir, no resultará obligatorio que los realice un notario a nombre de la persona.
Los requisitos específicos para la rectificación de la imagen, nombre o sexo registral, serán los siguientes:
-Realizar una petición oral o escrita, y presentarla personalmente o por intermedio de tercera persona (esto para el caso de menores de edad).
-Indicar el género y nombre con que la persona desea identificarse.
-Otorgar el consentimiento informado, para lo cual el Registro Civil debe preparar una fórmula que suscribirá la persona interesada.
-En el caso de las personas extranjeras, deberá realizar la solicitud ante la Dirección de Migración y Extranjería.
Plan autoriza rectificación para menores de 12 años
La parte que más polémica ha generado en el Congreso es que el proyecto permite la rectificación también para menores de 12 años.
Para este caso, la persona puede hacer el trámite acompañado de quien ejerza la responsabilidad o autoridad parental y con expresa conformidad de la persona menor de edad.
“Será suficiente con el consentimiento de una de las personas representantes”, dice el artículo 9 del expediente.
En caso de que ninguna persona representante legal del menor esté de acuerdo en dar su consentimiento, el menor deberá referirse al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para que este garantice su derecho a la rectificación.
Incluso, se establece un recurso de revocatoria y de apelación, en caso de que la solicitud sea rechazada por el PANI.
En el texto, también se enumeran los derechos de las personas trans, no binarias, de género diverso o intersex, en cuanto al derecho a la familia, a la educación, a la integridad y seguridad, al empleo, a la salud, a subsidios y programas sociales del Estado, a la vivienda y derechos políticos, entre otros.
Además, la iniciativa establece sanciones para quien discrimine a las personas cuyos derechos busca tutelar el proyecto.
Discusión en plenario
Los primeros que reaccionaron contra la iniciativa fueron los integrantes del Partido Nueva República, que lidera Fabricio Alvarado.
El diputado fabricista José Pablo Sibaja calificó la propuesta como ocurrencia perversa y calificó a sus diputados como patéticos, “mientras el Estado urge de proyectos para bajar la deuda, mejorar la calidad de vida y generar empleo”.
“Como si esto fuera poco, también le exigen al Estado un 3% en cualquier institución pública. Quiere decir, que ya no valdrá la pena su capacidad y su conocimiento para concursar por un puesto de trabajo, porque estas personas tendrán el derecho de ocupar el 3%”, dijo.
Sibaja incluso dijo que el Frente Amplio quiere “destruir la familia y a Costa Rica en general”.
El socialcristiano Leslye Bojorges también cuestionó la propuesta, alegando que él nunca va a “lastimar o atropellar los derechos de una población” y, de inmediato, alegó que era su obligación y su derecho “denunciar tal ocurrencia”.
Alegó que es inconstitucional, irresponsable y absurda, por la acción afirmativa en beneficio de las personas trans, no binarias, de género diverso o intersex, además de la autorización para los menores de edad.
“No puede ser posible que las ocurrencias de ustedes se puedan convertir en ley. Por eso, mientras yo sea diputado de esta Asamblea Legislativa, no voy a permitir que ustedes jueguen con la niñez de este país”, dijo Bojorges.
De inmediato, Fabricio Alvarado, jefe de Nueva República, lo felicitó en el plenario y calificó el proyecto como una ocurrencia.
Este martes, la diputada María Marta Carballo, también del PUSC, alegó que los niños tienen dudas, pero que eso no quiere decir que sean homosexuales. Ella anunció que votará la iniciativa en contra y alegó que el sector conservador ha sido “el más atacado”.