Proyecto impediría a colegios profesionales examinar idoneidad de graduados

Se trata del expediente 22.126 redactado por el médico y diputado Wálter Muñoz Céspedes, del Partido Integración Nacional (PIN), el cual regularía los exámenes de incorporación a estas organizaciones profesionales.

Para empezar, el plan prohibiría a colegios como los de Abogados y Médicos aplicar el examen de incorporación a los graduados de carreras acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) o por una agencia acreditadora reconocida por este.

Para el resto de casos, la ley exigiría una nota mínima de 70 para aprobar el examen, aunque la organización profesional considere que la exigencia deba ser mayor. El Colegio de Abogados, por ejemplo, exige actualmente una nota mínima de 80. En el 2018 la reprobaron el 90% de los graduados universitarios provenientes de universidades públicas y privadas, lo cual, los obligó a repetirlas.

La iniciativa de Muñoz también establecería que los exámenes que apliquen los colegios tendrían que ser validados por un ente “externo, técnico e independiente, especializado en la materia, escogido consensuadamente” por el colegio profesional, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (Unire). De lo contrario, no podrían ser aplicados.

Las pruebas a los aspirantes a colegiarse deberán restringirse a los programas y contenidos aprobados por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) y Conare.

La iniciativa es cuestionada por los colegios de Abogados, Médicos y Cirujanos e Ingenieros y Arquitectos. Según argumentaron, se les limita la potestad de depurar la calidad de sus agremiados y que estos ofrezcan un mejor servicio a la sociedad.

En tanto, en la justificación del proyecto, Muñoz alega que estos exámenes se hacen con la finalidad de limitar los ingresos de profesionales para “contraer el mercado por medio de una selección direccionada”, en favor de los actuales agremiados.

La iniciativa la dictaminó afirmativamente la Comisión de Jurídicos, el 2 de marzo, con seis votos a favor y dos en contra, luego de que, en una primera votación, fue rechazada por una amplia mayoría.

Votaron a favor Wálter Muñoz, los liberacionistas Wagner Jiménez y Franggie Nicolás, el socialcristiano Pedro Muñoz, el frenteamplista José María Villalta y la restauracionista Mileidy Alvarado. En contra votaron Carolina Hidalgo, de Acción Ciudadana (PAC), y la independiente Paola Vega.

Colegio de Abogados señala discriminación

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Sandra Arauz, vicepresidenta del Colegio de Abogados, declaró que el texto contraviene la razón de los colegios profesionales, el cual es, principalmente, “evitar un grave perjuicio a la sociedad”.

“¿Y cómo logramos eso? A través de una serie de requisitos tanto éticos como académicos de la profesión”, explicó.

La vicepresidenta dice que exonerar de la prueba a los egresados de carreras acreditadas implica discriminación.

“En nuestro reglamento, ya se establecen una serie de condiciones para evitar la discriminación. No puede hacerse discriminación alguna en razón del postulante. No importa la universidad de procedencia, el credo, cultura, nacionalidad, discapacidad u orientación sexual. Creo que no podemos crear diferencias entre los postulantes.

“No podemos hacer distinción entre las universidades. En el Colegio de Abogados tratamos de no discriminar entre universidad pública y privada. Consideramos que este artículo violenta el principio de igualdad. Estaríamos fomentando que los estudiantes interesados en la carrera de Derecho lo hagan obligatoriamente en una u otra universidad que, previamente, se conozca que está debidamente acreditada por el Sinaes, para no hacer el examen de excelencia para incorporarse. Otras universidades se podrían ver perjudicadas”, comentó Arauz.

Asimismo, cuestionó la intención de que los colegios no puedan aplicar exámenes sin que el Conare y Unire participen en la selección de un validador externo.

La jurista dijo que, entre las funciones del Conare o Unire, no está la de velar por el funcionamiento de los colegios profesionales. Además, le preocupa que terceras personas intervengan en el desarrollo de las pruebas. “Sería muy peligroso que accedan a esa información personas fuera del Colegio de Abogados”, advirtió.

Arauz también fustigó la fijación de una nota mínima de 70 puntos, por debajo de lo establecido por el Colegio de Abogados, así como la exigencia de la hoja de delincuencia para optar por la prueba. Esto último, aseguró, sería inconstitucional porque es un requisito para habilitar la profesión, no para realizar el examen.

“Recordemos que estamos siendo parte de un colegio profesional de abogados, no estamos en escuela ni en la universidad. Aquí es un grado superior. Debemos exigir a quienes hacen el examen un conocimiento del temario porque se les evalúa por medio de un curso de deontología jurídica y luego las ramas generales que todas las universidades, obligatoriamente, tienen que dar. Son generales: Constitucional, Laboral, Penal, Civil, Familia, Comercial, Administrativo y sus procesales”.

Añadió que el proyecto de Muñoz les exigiría realizar pruebas de incorporación cuatro veces al año y el Colegio de Abogados hace tres.

Colegio de Médicos: se violenta autonomía

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Para el Colegio de Médicos y Cirujanos, que se alista para hacer las pruebas de incorporación a partir de este año, la iniciativa violenta la “autonomía y funciones” de los colegios profesionales en cuanto a la “regulación del ejercicio de la profesión” que tienen asidero constitucional.

Mauricio Guardia, presidente de este colegio, también cuestiona que el Conare tenga la potestad de participar en el desarrollo de la prueba. Lo considera impropio, “toda vez que la parte académica le corresponde a las universidades, mientras que al colegio le corresponde la regulación del ejercicio profesional”.

Dijo que el proyecto, lejos de contribuir a garantizar el acceso a la población de profesionales que posean idoneidad con su profesión, atenta contra la calidad del ejercicio profesional en detrimento directo de la sociedad, “dado que se establecen normas para exonerar de la realización del examen cuando la carrera esté acreditada ante el Sinaes”.

La evaluación que hará el Colegio de Médicos estará dirigida a egresados de las ocho universidades que imparten la carrera y a todos aquellos médicos generales que vengan del extranjero. Cada año, egresan unos 800 estudiantes de Medicina.

De hecho, esa prueba se hará porque así lo estableció una reforma aprobada por los diputados a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos el 15 de enero de 2020 con el fin de verificar la idoneidad de los que deseen incorporarse.

CFIA: Proyecto es un ataque al Colegio de Abogados

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El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) también objetó las regulaciones del Conare, Conesup y Unire a las pruebas.

Al CFIA le preocupa que la justificación del proyecto sea más bien un ataque al Colegio de Abogados.

“Resultaría demasiado oneroso para este y cualquier colegio profesional, en nuestro caso, tendríamos que contar con tribunales, consejos y comités para cada uno de los distintos colegios y profesiones que nos integran, sin poder cobrar un rubro adicional por tener que emplear más personal y para poder echar a andar todo engranaje administrativo que conllevaría, en virtud de que el mismo proyecto establece que solo se puede cobrar el costo de la prueba como tal”, criticó Guillermo Carazo Ramírez, director ejecutivo del CFIA.

El proyecto establece que los aspirantes sean identificados únicamente mediante un número. Cada colegio profesional tomará las previsiones para que el tribunal no conozca ni el nombre del examinando ni la universidad de procedencia.