El extesorero del Partido Acción Ciudadana (PAC), Maynor Sterling, responsabilizó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la acusación penal que actualmente él y su agrupación enfrentan en el Tribunal Penal de San José, por una supuesta estafa con dinero de la deuda política.
Ante los jueces, dentro del debate que se inició el 4 de julio, Sterling alegó que el TSE incurrió en una serie de errores que, en su entender, hoy lo tienen en el banquillo de los acusados junto al empleado administrativo, Manuel Antonio Bolaños, y al PAC como corresponsable.
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El Ministerio Público acusa a Sterling y a Bolaños de haber cometido una supuesta estafa de ¢16,2 millones en contra del TSE, a la hora de cobrar la deuda política por su participación en las elecciones nacionales del 2010, en la que figuró por última vez el ahora diputado Ottón Solís, como aspirante presidencial.
Según la Fiscalía, el extesorero cobró al Estado varios contratos por servicios especiales de dirigentes que brindaron su trabajo de manera gratuita, o bien, que del todo no trabajaron.
En un informe al Ministerio Público, el TSE incluso había alertado sobre la presunta existencia de firmas falsas en algunos de esos contratos, presunto delito que también está siendo juzgado.
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En su defensa, Sterling aseguró esta mañana que la liquidación de gastos del 2010 fue presentada bajo la supervisión y visto bueno de un contador público autorizado (CPA), quien funcionó como auditor externo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Agregó que esta auditoría estaba "en las entrañas del Partido".
Para Sterling, el CPA funcionó como un filtro inicial y cuestionó al TSE por omitir el trabajo de ese auditor.
"Él (CPA) dice si se cumple o no se cumple con los requisitos de la liquidación. No soy yo, es el auditor externo quien refrenda cuáles gastos autoriza y cuáles gastos no", dijo.
Por otra parte, Sterling se quejó de supuestas inconsistencias en el proceso de liquidación de gastos de la deuda política, como la falta de un reglamento al inicio de la campaña, o supuestos errores en la verificación de datos y el cálculo de la deuda política.
Aseguró que, a la hora de calcular el pago para el PAC, se mezclaron las deudas por bonos A y B (los bonos A tienen mayor posibilidad de ser cobrados por los proveedores). Los contratos de servicios especiales fueron pagados con bonos B.
Sterling sostuvo que la deuda política solo le alcanzó al PAC para pagar bonos A, por lo que no pudo haber una estafa con bonos B que nunca se pagaron.
"No se podía cobrar más porque había un límite, desde el día de las elecciones se sabe que los certificados B no valían nada", dijo Sterling.
El extesorero insistió en que el error nació en el procedimiento que utilizó el TSE para calcular de pago de la deuda política, porque "juntaron los documentos" de los bonos A y B en el reconocimiento de gastos.
"Mezclaron un certificado que no vale ni un cinco, que no tiene contenido económico (los bonos B), lo sustentaron para justificar un pago de un certificado A, eso no se puede hacer", agregó.
Sterling también demeritó la versión de que los dirigentes no sabían que estaban firmado contratos de servicios especiales que serían pagados con bonos de la serie B. "Firmaron cuatro documentos, ¿qué voluntario va a firmar cuatro documentos?", dijo.
Así se refirió el acusado a los nueve contratos por servicios especiales que la Fiscalía considera falsos. Además, el Ministerio Público investiga otros 254 contratos por aparente estafa.
La acusación de la Fiscalía fue respaldada por la Procuraduría General de la República (PGR), que le reclama al PAC el pago de ¢516 millones que incluyen el monto presuntamente cobrado sin justificación al TSE, intereses, costas del proceso y una indemnización por daño social.
Se vienen 300 testigos
Sin embargo, según el órgano acusador, la intención del Partido era cobrar ese dinero de bonos B al TSE como parte de la deuda política que le correspondía al partido.
El fiscal Alexander Valverde, quien representa al Ministerio Público en el caso, minimizó la declaración de Sterling y recalcó que tienen las pruebas necesarias para demostrar que el PAC, incluido Stedrling, participaron en la configuración de un delito.
"El Ministerio Público ha aportado prueba para acreditar que en este caso en concreto existió perjuicio y, conforme avancemos, vamos a acreditar el perjuicio económico en contra del Estado. El partido será sancionado eventualmente a nivel civil y los imputados a nivel penal, si se logra determinar la responsabilidad", dijo Valverde.
Para el fiscal, la "estafa descansa en que se hicieron contratos por servicios especiales a personas que habían trabajado de forma voluntaria y esos servicios, ese rubro de servicios especiales, permitió alimentar los certificados de seria A", dijo.
Valverde recalcó en que los testimonios de la defensa van a reflejar cómo esos contratos que se firmaron sí pueden alimentar el pago de la serie A.
"Hemos ofrecido los testimonios del Tribunal Supremo de Elecciones, que sigue un procedimiento de comprobación de gastos. Se requiere acreditar ante el TSE gastos, eso alimenta una bolsa de gastos, independientemente si los gastos acreditados se acreditan con certificados de serie A, B o C, todo va a una bolsa única, que una vez que se llena de gastos aprobados (tope de financiamiento), empiezan a darle alimentación a los certificados que se descuentan", explicó Valverde.
Para demostrar que el PAC trató de "llenar" la bolsa de gastos con contratos de servicios especiales, la Fiscalía presentará 300 testigos en este proceso, que se prevé durará al menos unos 4 meses.
Según Valverde, la presentación de los testigos permitirá determinar que los contratos por servicios especiales lo que en realidad pretendía era aumentar el cobro de la deuda política de la campaña del 2010, algo que Sterling siguió negando aún afuera de la sala de juicio.
Para este martes, el Tribunal convocó al primer grupo de testigos de la parte acusadora.