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Los comprobantes de gastos de la última campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC) incluyeron rubros que nunca se cobraron y contratos con firmas falsas. Así se intentó cobrar más dinero de la deuda política al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Estos son algunos hallazgos hechos por el TSE al revisar la documentación correspondiente a una cuenta de “servicios especiales” por ¢1.152 millones. De esta cifra, el TSE no autorizó el reembolso de ¢600 millones al PAC.
Tales descubrimientos están contenidos en la denuncia penal interpuesta ayer a las 3 p. m. por el TSE ante el Ministerio Público, contra tres dirigentes del PAC y posibles cómplices, entre quienes podría haber diputados actuales.
Tras una investigación de varios meses, el Tribunal denunció al tesorero Maynor Sterling Araya y a la secretaria general, Margarita Bolaños Arquín, y al funcionario de la agrupación Manuel Antonio Bolaños Murillo, como posibles responsables de diversas irregularidades.
Al respecto, Sterling afirmó ayer que todos los gastos están justificados y que incluso les explicó a los magistrados, paso a paso, el procedimiento seguido.
Según la denuncia, los posibles delitos son estafa, tentativa de estafa, falsificación de documento privado, uso de documento falso y donaciones al Partido no reportadas contra el Estado.
“Detectamos hechos que podrían ser una violación al Código Electoral y al Código Penal, por lo cual remitimos esta relación de hechos y el legajo de pruebas al Ministerio Público para que se establezcan las responsabilidades y se abra el espacio de defensa de los involucrados”, dijo ayer, por la tarde, Héctor Fernández, director del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos en el TSE.
El jerarca indicó que la investigación se abrió después de que los analistas detectaran indicios de posibles irregularidades.
Dichos funcionarios cotejaron facturas, entrevistaron supuestos contratistas y realizaron una inspección de las oficinas del PAC, ubicadas en barrio La Granja, San Pedro de Montes de Oca.
Ahí determinaron que el PAC tenía guardados 4.640 certificados de pago que, se supone, debían estar en manos de quienes prestaron los servicios al PAC dentro de la cuenta de “servicios especiales”.
El TSE sospecha que el PAC tenía la expectativa de cobrar todo el dinero y mantener en sus arcas los montos que, supuestamente, correspondían a los pagos de servicios. Eso abría el riesgo de que los recursos llegaran a manos de terceros y se usaran con fines particulares, ajenos a la política electoral financiada por el Estado.
El PAC también. La agrupación encabezada en la campaña del 2010 por el candidato Ottón Solís es la cuarta denunciada ante la Fiscalía por sus finanzas electorales.
El Movimiento Libertario, Renovación Costarricense y el Partido Liberación Nacional (PLN) ya tienen expedientes abiertos por supuestas anomalías en los comprobantes de gastos de la pasada campaña presidencial.
Al Libertario, le atribuyeron cobrar dinero mediante capacitaciones ficticias. Al PLN, le achacaron cobros con contratos falsos de alquiler de carros y a Renovación, inflar contratos de proveedores.
A los dirigentes del PAC se le atribuye simular contratos por servicios que en realidad fueron donados, como lo certificaron varios dirigentes locales al tribunal.
De los supuestos proveedores consultados por el TSE en la investigación, diez se abstuvieron de reconocer su firma en los documentos o afirmaron que no era suya.
La cuenta de “servicios especiales” fue parte de los ¢4.238 millones que el PAC reportó como gastos de la campaña, aunque la cantidad de votos obtenida le permitía cobrar solo ¢3.741 millones.
Tras el análisis de las erogaciones, el Tribunal reconoció y giró ¢2.961 millones. El 19% de este monto se justificó con comprobantes ahora cuestionados.
