Luego de ahorrarse ¢51.000 millones gracias a una disminución de intereses en el pago de la deuda pública, el Gobierno le pidió al Congreso permiso para gastarse esa cantidad de dinero en un plan extraordinario de gastos.

Los recursos, que podrían servir para amortizar la propia deuda pública, pasarían a financiar la mayor parte de un paquete de ¢60.800 millones contemplado en el tercer presupuesto extraordinario del 2020 que se tramita en la Asamblea Legislativa.

De ahí se pagarían, por ejemplo, aportes para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como una reserva para la vacuna contra la covid-19 y compensaciones por vacaciones a funcionarios públicos.

Isaac Castro, viceministro de Hacienda, explicó que los ¢51.000 millones son fruto de que, entre finales del 2019 y el primer semestre del 2020, el Gobierno colocó deuda interna y externa a tasas de interés inferiores a las previstas.

Se obtuvieron ahorros por ¢40.000 millones en la colocación de ¢1,8 billones (millones de millones) de bonos de deuda interna durante el primer semestre de este año.

Los acreedores cobraron una tasa promedio del 6,6% en vez de los 9,9% proyectados en un principio.

En cuanto a la colocación de deuda externa, el ahorro fue de ¢11.000 millones. Este provino, según afirmó Castro, en la colocación de $1.500 millones en eurobonos en el mercado internacional, a finales del 2019.

Por ejemplo, $1.000 millones de eurobonos con vencimiento al 2031 se negociaron a una tasa del 6,12%, cuando el límite proyectado era de aproximadamente un 8%.

Ahora, el Poder Ejecutivo pretende gastar estos ¢51.000 millones este año.

El monto se acerca a los ¢85.000 millones que con duras penas, luego de casi siete meses de negociación política, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios acordaron destinar al pago de deuda pública mediante el plan Pagar, el cual consiste en destinar a ese fin superávits de instituciones públicas.

La idea del Gobierno es destinar ¢45.545 millones a transferencias de dinero a instituciones, ¢7.000 millones al pago de compensación de vacaciones del personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y ¢7.000 millones a obras públicas.

Sobre la compensación por vacaciones, el proyecto dice que es para reconocer el pago de vacaciones a docentes que, durante su periodo de vacaciones obligatorias, “presentaron una incapacidad por maternidad, para lo cual se debe contar con el respectivo contenido presupuestario”.

Para financiar todo el paquete de gastos, también se suman otros ¢9.600 millones provenientes del presupuesto de diversos programas del MEP.

En total, el 88,5% se destinaría a gasto corriente, entre transferencias y remuneraciones, y un 11,5% a obras públicas.

Este presupuesto extraordinario pasaría ¢6.700 millones a las Juntas de Educación, ¢243 millones a centros católicos de la diócesis de Tilarán y ¢1.200 millones al Ministerio de Cultura.

También, destinaría ¢10.000 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)y restituiría ¢7.200 millones a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para el rubro de vacunas contra la covid-19.

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Además, trasladaría ¢8.500 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para compensar la reducción en la base mínima contributiva, a partir de la cual se aseguran los trabajadores, la cual fue disminuida para atenuar el efecto de la crisis económica.

Al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis) se le pasarían ¢7.000 millones y al Régimen No Contributivo de la CCSS ¢2.500 millones.

En tanto, al Ministerio de Hacienda le transferirían ¢3.404 millones, en su mayoría para devolución de cuotas de regímenes de pensiones y por el arrendamiento de un centro de procesamiento de datos.

En cuanto a gastos de capital, la modificación presupuestaria contempla ¢7.000 millones para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que serían destinados a la atención de carreteras.

En el mismo proyecto de ley, el Gobierno solicita flexibilidad para contratar 158 plazas vacantes, de las cuales 63 corresponden a jefaturas y personal de confianza.

Las contrataciones corresponderían a las vacantes en algunos ministerios, en la Dirección General de Migración y Extranjería y en los cuerpos policiales.

PLN cuestiona contención del gasto

Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó que Hacienda pretenda incumplir con el objetivo de disminuir la carga financiera del Estado al reutilizar esos ahorros.

La integrante de la comisión de Hacendarios criticó que, en un contexto de crisis económica como el actual, con un déficit fiscal de 9,3% proyectado para el 2020, el Gobierno pretenda seguir financiando el gasto corriente de las instituciones beneficiadas.

“Bien pudo ser ahorrado. Pretende destinarlos, por ejemplo, en pago de obligaciones contractuales del Ministerio de Hacienda, para la preparación y participación de atletas de alto rendimiento en eventos del ciclo olímpico, para gastos operativos del Sinart o para la creación de nuevas plazas”.

“Sigue el Poder Ejecutivo sin un compromiso verdadero en cuanto a la contención y reducción del gasto público. En medio de esta crisis fiscal y sanitaria, es imperativo actuar con sentido de responsabilidad y eficiencia al momento de definir el uso de los limitados recursos con que cuenta el país”, finalizó la legisladora.

Ante esas críticas, el viceministro Isaac Castro argumentó que el presupuesto ordinario 2020 ya establece varios componentes de contención del gasto, así como reducciones en el segundo presupuesto extraordinario de este año.

"Estamos ahorrando un montón más en la evolución de las cifras fiscales donde hemos hecho un esfuerzo en la contención del gasto. La partida de remuneraciones tiene la tasa de crecimiento más baja de los últimos 10 o 15 años, la partida de bienes y servicios con la tasa de crecimiento más baja de los últimos siete años, la tasa de crecimiento de las transferencias de la manera más baja”, justificó.

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Agregó que, en las modificaciones presupuestarias del tercer presupuesto extraordinario, hay fondos para comprar vacunas contra la covid-19 cuando esta salgan al mercado, así como otros gastos de tipo social para atender los efectos económicos de la pandemia.

“Si usted ve hay gran parte a la CCSS como la base mínima contributiva y al Régimen No Contributivo. Quiero que quede claro que es ahorro lo que se está utilizando”, finalizó.

Abono a la deuda de la CCSS

Además de esos ajustes, el tercer presupuesto extraordinario contiene un pago de ¢31.186 millones a la deuda del Gobierno con la CCSS y ¢1.040 millones al bono Proteger.

El abono a la deuda de la Caja corresponde al 10% del préstamo por $521 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el dinero para Proteger es parte de la transferencia de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a ese programa de subsidios.