Tec mantiene subsidio de casa, servicios y alimentación a 110 funcionarios de San Carlos

Seis de los 10 miembros del Consejo rechazaron una propuesta de la Rectoría para derogar el “Reglamento de Incentivos para casos especiales de funcionarios Sede Regional San Carlos”, que data de 2011, que arrastraba privilegios creados en 1990.

De esta forma, la universidad pública deberá seguir sufragando el 50% del alquiler de una vivienda amueblada en el campus, cuando se trata de familias, o bien de una habitación individual en las residencias. Asimismo, se mantendrán los incentivos de alimentación, lavandería, transporte, servicios de agua, luz, limpieza semanal y mantenimiento del edificio. Todo esto adicional al salario que reciben por su trabajo como docentes.

El planteamiento de la Rectoría era quitar esos privilegios a los 110 funcionarios y a cambio indemnizarlos con ¢68 millones, repartidos entre todos, por considerar que al eliminar y dar finiquito a los beneficios, “les ocasionaría un deterioro en los ingresos ya que deberán sufragar de su salario dichas necesidades”.

El costo anual de mantener a estos funcionarios es de ¢104 millones que incluyen ¢40,3 millones por alimentación y ¢21 millones de lavandería.

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También ¢19,5 millones por la habitación familiar y ¢13,7 millones por la habitación individual. El costo de alquilar una vivienda en el Tec es de ¢138.000, pero, con el subsidio del 50%, ellos solo pagan ¢69.000; por la habitación, el Tec cobra ¢97.000, pero estos docentes solo pagan la mitad, ¢48.500.

La cifra incluye además ¢5 millones por los servicios eléctricos que consumen; ¢2,8 por el servicio de limpieza y ¢1,7 millones por la lavandería. Lo anterior sin contar el pago del servicio de agua, transporte y mantenimiento del edificio.

Este reglamento permite que si el docente que vive con su familia se ausenta por seis meses o menos por una licencia de estudio con o sin goce de salario, conserve el derecho de dejar a su familia en la residencia del Tec.

Si la ausencia es por un período mayor a seis meses, el funcionario debe desocupar la residencia familiar, pero conserva siempre, a su regreso, el derecho de la misma u otra vivienda de similares condiciones.

Solicitud del rector

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El rector, Luis Paulino Mendez, fundamentó la propuesta para eliminar este reglamento en el hecho de que estos incentivos ya no aplican en la actualidad, aparte de que pueden resultar discriminatorios si la institución lo da solo a un grupo funcionarios.

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También consideró que el otorgamiento de estos privilegios contradicen la Reforma Procesal Laboral (prohibición de discriminar entre trabajadores) y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Reserva de ley para crear o reformar incentivos), así como por jurisprudencia de la Sala Constitucional, que limita la reforma y creación de nuevos incentivos, los cuales deben estar apegados a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La propuesta añadió que estas residencias individuales y familiares se deben reintegrar al uso de los estudiantes del campus de San Carlos, considerando la alta demanda de solicitudes tienen cada año.

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A pesar de los argumentos, la mayoría de los miembros del Consejo Institucional apoyó mantener ese reglamento; solo los que votaron en favor de eliminarlo debían justificar su razón.

“Las residencias podrían ser usadas para los estudiantes que sí lo necesiten y no reciben salario de parte de la institución. Entonces no podría nunca votar a favor de la propuesta (de mantener el reglamento) ya que más bien, en lugar de aportar a la comunidad estudiantil le quita la posibilidad a aquellos alumnos que no tienen recursos ni facilidades para pagar un apartamento, ya que usualmente la comunidad estudiantil no tiene ingresos extra”, expresó la representante de los alumnos , Abigail Quesada.

Origen del reglamento

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Fue durante los inicios de la sede regional San Carlos que surgieron esta serie de beneficios para los funcionarios, los cuales quedaron recogidos en el “Reglamento de Incentivos para los Funcionarios de la Sede de San Carlos”, aprobado por el Consejo Institucional en 1990.

Los beneficios (vivienda familiar o individual, transporte, alimentación, lavandería, facilidades de comunicación, vigilancia y recolección de basura) fueron concedidos, en ese entonces, como parte de los incentivos que un patrono ofrece a sus empleados, producto, básicamente, de la particular ubicación geográfica de la sede regional y del poco desarrollo urbano que había en la zona en ese momento.

En el año 2011, el Consejo Institucional derogó el “Reglamento de Incentivos para los Funcionarios de la Sede de San Carlos”, debido a que las condiciones que dieron origen a los beneficios otorgados 20 años atrás habían cambiado.

En sustitución, se aprobó el “Reglamento de Incentivos para los casos especiales de funcionarios Sede Regional San Carlos”, con el cual se fijó la terminación definitiva de los incentivos que regían y se estableció la posibilidad de otorgar en casos especiales los beneficios de “subvención en el alquiler de residencia familiar o de habitación individual y transporte entre sedes y Centro Académico, según disponibilidad”.

Sin embargo, a aquellos funcionarios que al momento de derogarse la norma emitida de 1990 gozaban de algún incentivo con carácter de salario en especie (habitación, alimentación y lavandería), se les permitió en la normativa del 2011 continuar con el disfrute del beneficio hasta la respectiva finalización de su contrato mediante la aprobación de un transitorio, por tratarse de “derechos adquiridos”.

La propuesta del rector de derogar este reglamento se justifica en que a la fecha existen soluciones habitacionales cercanas al campus, medios de transporte público, cajero automático, ingreso de camión de la basura al campus, establecimientos comerciales, escuelas, colegios cercanos y la existencia de una nueva carretera entre el campus y Ciudad Quesada, por la cual el traslado toma unos minutos.

Reclamo de la Auditoría

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Tras una denuncia sobre incumplimientos del “Reglamento de Incentivos para los Casos Especiales de Funcionarios Sede Regional San Carlos”, la Auditoría del Tec actuó de oficio y detectó irregularidades. Por ejemplo, la asignación de viviendas a colaboradores que no conviven con su núcleo familiar aun y cuando el Reglamento establece que para optar por este beneficio, es requisito que el funcionario se traslade a vivir con su cónyuge o conviviente e hijos o alguno de los dos, o dependiente directo.

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“La denuncia señala además que, los colaboradores realizan un uso diferente de la vivienda del que contractualmente está establecido, permitiendo que se alojen personas que no forman parte de su núcleo familiar. Se menciona al respecto, que viven estudiantes, trabajadores y amigos de los colaboradores”. También asignación de viviendas a un colaborador del sector administrativo, sin que se encuentre regulado en el Reglamento vigente y ausencia del cobro por concepto de servicios públicos a los usuarios de viviendas, a pesar de que se cuenta con las condiciones necesarias para realizarlo.

“Las situaciones descritas atentan contra el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Control Interno, principalmente en cuanto a la protección y conservación del patrimonio público o cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; así como, la confiabilidad y oportunidad de la información”, detalló la Auditoría.