EscucharLa exministra de Educación Pública Sonia Marta Mora resultó sancionada con una multa de ¢835.000, así como diez días de suspensión por aprobar licencias con goce de salario para que una funcionaria cuidara a su pareja quien sufría una enfermedad en fase terminal.
La medida también se aplicó a la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), Yaxinia Díaz, por hechos ocurridos entre 2017 y 2018.
Se trata de castigos impuestos por la Contraloría General de la República (CGR), que además ordenó a la funcionaria que recibió los permisos, la cancelación de ¢822.000. En total, las tres mujeres pagaron ¢2,4 millones a la Hacienda Pública.
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Según el expediente CGR-PA-2020005719, la exministra y la directora de Recursos Humanos autorizaron, sin apegarse a la legislación vigente, que la trabajadora se ausentara de su puesto por cinco meses, con goce de sueldo, para cuidar a su compañero, con quien convivía desde el año 2000. El hombre murió el 9 de abril de 2018, según los registros del Tribunal Supremo de Elecciones.
¿Qué pasó?
De acuerdo con la resolución 8830-2021, de junio de 2021, firmada por las abogadas de la Contraloría Andrea Bérmudez Ling, María Calderón Ferrey y Priscila Brenes Jiménez, los médicos del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia efectivamente certificaron la condición médica del hombre, de 65 años, y recomendaron que le aprobaran a la funcionaria un permiso laboral para cuido.
No obstante, las juristas determinaron que nunca se gestionó una incapacidad para ese objetivo, como lo exige la Ley de Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas.
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Sonia Marta Mora ocupó el puesto de ministra de Educación Pública en el gobierno de Luis Guillermo Solís, entre 2014 y 2018. Luego fue embajadora de Costa Rica en Francia. (Albert Marín.)
En el documento mencionado se señala que “el actuar de la funcionaria (Mora) fue insuficiente a efectos de resguardar el control interno, la legalidad y el adecuado manejo de los fondos públicos”.
Sonia Marta Mora, quien ocupó el cargo de ministra de Educación entre 2014 y 2018, dijo que pagó la sanción impuesta porque es “una ciudadana responsable” y porque respeta la institucionalidad. Sin embargo, informó de que mantiene un proceso legal en el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que considera infundada la decisión del órgano contralor.
“Ojalá la Contraloría fuera así de eficiente en otros casos que sí son graves”, comentó la exjerarca.
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Según los registros de la CGR, la suspensión de diez días sin goce de salario que se dictó en contra de Mora fue comunicada en el gobierno anterior al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pues ella se desempeñaba como embajadora de Costa Rica en Francia.
La exministra enfatizó en que no conocía a la funcionaria que obtuvo la licencia para cuidar a su pareja y afirmó que considera el castigo, fijado por las autoridades de la Contraloría, “injusto y desproporcionado”.
“Yo he argumentado que otorgué el visto bueno a las resoluciones que autorizaron las licencias previa recomendación y criterio técnico de la directora de Recursos Humanos”.
Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP, también criticó la decisión de la CGR y señaló que este asunto fue enviado al Ministerio Público y que el fiscal a cargo del caso solicitó el sobreseimiento.
Mora y Díaz también indicaron que este es el único asunto por el que la Contraloría las ha procesado en sus carreras como servidoras públicas.
131 personas en 7 años
Entre 2015 y junio de 2022, la División Jurídica de la CGR impuso sanciones por responsabilidad civil a funcionarios públicos por un total de ¢1.114 millones, pero apenas logró recuperar ¢300 millones, equivalente a un 27%. El resto se mantiene varado en procesos judiciales de cobro o en el Contencioso Administrativo.
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En ese periodo fueron castigadas 131 personas por conductas tales como incluir datos falsos en declaraciones juradas para ocupar cargos públicos, pago por servicios o bienes que no se completaron, contrataciones irregulares, aprobación indebida de licencias con goce de salario, desembolsos inapropiados de pluses salariales o por avalar cobros adicionales en contrataciones públicas, entre otras.
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