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Barcelona. Doce políticos y activistas catalanes fueron condenados el lunes por cargos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, por su papel en un intento fallido e ilegal de independizar a la región nororiental de España en el 2017.
El exvicepresidente regional Oriol Junqueras recibió la condena más alta, 13 años de cárcel por sedición. Otras ocho personas, incluidos exmiembros del gobierno catalán, la expresidenta del Parlamento autónomo y dos líderes de movimientos civiles separatistas, recibieron penas de entre nueve y 12 años de prisión. Otras tres personas fueron multadas pero no condenadas a prisión.
El juicio está considerado como el más importante en el país desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Las repercusiones políticas y sociales del veredicto prometían ser profundas y duraderas.
¿De qué se trataba el juicio?
En octubre del 2017, los líderes independentistas catalanes intentaron separar a la región del resto de España y crear un nuevo estado europeo declarando la independencia.
Su intento fracasó al no conseguir reconocimiento internacional. El Gobierno español intervino su autonomía y destituyó al gobierno regional.
Los líderes separatistas condenados el lunes fueron detenidos, mientras que otros huyeron del país.
El juicio
El juicio a los 12 líderes que se quedaron en España tuvo más de 500 testigos, incluido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y 50 sesiones judiciales televisadas a nivel nacional.
La clave del juicio era el referendo del 1.° de octubre del 2017, celebrado por el gobierno catalán a pesar de la orden del máximo tribunal del país, que lo declaró inconstitucional. El gobierno envió miles de policías adicionales a la región, que chocaron con los votantes en un día que los separatistas han prometido no olvidar nunca.
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Una manifestación en Barcelona, el 12 de junio del 2019 para pedir la absolución de los 12 dirigentes independentistas acusados. (LLUIS GENE/AFP)
La mayoría de los catalanes que no quieren cortar sus lazos centenarios con el resto de España se quedaron en casa, y el voto a favor de la independencia salió vencedor. El Parlamento autónomo declaró la independencia el 27 de octubre, desencadenando la peor crisis política en España en décadas.
La Fiscalía alegaba que los líderes independentistas incumplieron la Constitución y amenazaron la integridad territorial del país. Por su parte, la defensa argumentó que los acusados estaban cumpliendo la voluntad de los catalanes independentistas, que según los sondeos suponen en torno a la mitad de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña.
Impacto social
Los líderes encarcelados se han convertido en un símbolo poderoso para los separatistas, que consideraban injusto su encarcelamiento durante casi dos años. Muchos simpatizantes llevan lazos amarillos prendidos en la ropa como gesto de protesta.
Los separatistas catalanes llevan años celebrando manifestaciones en su mayoría pacíficas, que pueden reunir a cientos de miles de personas. Más recientemente, los activistas más radicales han cortado calles y vías de ferrocarril y chocado con la policía.
Siete independentistas están siendo investigados tras su detención en septiembre por sospechas de que preparaban explosivos.
Los separatistas intentarán sin duda utilizar el veredicto como un argumento para su causa.
Impacto político
Los independentistas más acérrimos, como el actual presidente autonómico, Quim Torra, han dicho que el descontento social que quieren avivar tras el fallo podría crear una segunda oportunidad de independizarse de España.
Los separatistas más moderados lo ven improbable y prefieren una vía más pragmática, como convocar elecciones autonómicas anticipadas para canalizar el malestar entre los independentistas y conseguir más votos para sus partidos en la cámara regional.
Pero con sus líderes más carismáticos entre rejas o prófugos en el extranjero, el movimiento está pasando por su momento más difícil desde que ganó fuerza al comienzo de esta década. Sus dos principales partidos políticos tienen visiones contrapuestas sobre cómo proceder y las organizaciones civiles que han impulsado el movimiento han empezado a criticar la falta de acciones concretas de sus líderes políticos.
El veredicto se conoce además antes de las segundas elecciones generales en España este año. Los españoles volverán a las urnas el 10 de noviembre y la cuestión catalana será uno de los temas claves de la campaña.
Dada la fragmentación en el Congreso, es muy posible que los independentistas catalanes tengan la llave para formar el próximo gobierno en España.
Apelaciones
El veredicto no puede apelarse. Sin embargo, la defensa puede acudir al Tribunal Constitucional español alegando que se han infringido derechos fundamentales. Desde allí podrían llevar el caso al Tribunal Europea de Derechos Humanos.
El gobierno español también puede firmar indultos. Un indulto debe ser solicitado formalmente tras una condena y requiere mostrar arrepentimiento. Algunos de los líderes condenados han dicho que no lo pedirán. El presidente del Gobierno que conceda uno sería muy aplaudido por muchos catalanes, pero también duramente criticado por sus rivales políticos en toda España.
¿El turno de Puigdemont?
Mientras Junqueras y los demás condenados se quedaron para enfrentar a la Justicia española hace dos años, varios de sus colaboradores huyeron a otros países europeos.
Eso incluye al expresidente catalán Carles Puigdemont, que logró evitar una extradición desde Alemania y Bélgica y se ha instalado en Waterloo. La Justicia española busca a más líderes independentistas en Bélgica, Suiza y Gran Bretaña.
