Víctor Hugo Murillo S.. 14 octubre, 2019
Los dirigentes independentistas catalanes en la primera audiencia del juicio que se inició en Madrid el 12 de febrero del 2019.
Los dirigentes independentistas catalanes en la primera audiencia del juicio que se inició en Madrid el 12 de febrero del 2019.

El fallo del Tribunal Supremo de España, que este lunes condenó a nueve dirigentes independentistas de Cataluña a penas de entre 9 y 12 años de cárcel no es la última palabra. Los defensores puede impugnar el fallo en otras instancias judiciales, inclusive fuera del ámbito nacional.

Los líderes separatistas recibieron condenas por sedición y/o malversación de fondos al encontrárseles responsables de impulsar un referendo –declarado ilegal por la Justicia española– para decretar la independencia de esa región del noreste del país. La declaración de una república, por parte del Parlamento regional, llevó al Gobierno Central de Madrid a activar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía.

El diario El País, de Madrid, explicó los escenarios posibles.

¿Cuáles son las posibilidades de impugnar el fallo condenatorio?

Como primer paso, la defensa de los condenados puede plantear ante el mismo Tribunal Supremo un incidente de nulidad. Los abogados disponen de un plazo de 20 días.

Si esta gestión no prospera, el siguiente frente de batalla es el Tribunal Constitucional ante el cual pueden alegar violaciones relacionados con los derechos fundamentales de los sentenciados. Para ello, los recurrentes cuentan con 30 días para elevar un recurso de amparo extraordinario.

(Video) Independentistas catalanes condenados pueden dar otras peleas legales

Si, de nuevo, esta opción no tiene éxito, se agotan las posibilidades ante la Justicia española y es el turno de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, Francia. Será en esta instancia donde se dirá la última palabra del denominado procés abierto a los dirigentes separatistas.

¿Existe otra opción para los condenados?

Sí. Podrían beneficiarse con un indulto concedido por el Consejo de Ministros de España, que no implica una absolución, sino la cancelación de la pena a un condenando en sentencia firme. Es una decisión política que se adopta previa recepción de un informe por parte de un juez del Tribunal Supremo (el criterio de ese juzgador no es vinculante).

El indulto se contempla en una ley que data de 1870 y pueden solicitarlo tanto los condenados y sus defensores como cualquier ciudadano en nombre de los afectados. Ese perdón puede ser parcial o completo.