Este miércoles 16 de setiembre, en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio impulsado por Mauricio Hoffmann y María José Ulate contra el creador de contenido Diego Bravo.
Se trata de una demanda que el presentador de televisión y la maquillista interpusieron a inicios del 2023 por presuntos delitos contra el honor, entre ellos difamación e injurias.
La segunda sesión se realizó luego de que el pasado 3 de setiembre se llevara a cabo un primer cara a cara en el que no se alcanzó un acuerdo entre las partes.
En esta ocasión, el tribunal recibió las pruebas documentales del caso. Sin embargo, no estuvieron presentes ni Hoffmann ni Ulate, y Bravo había adelantado que se ausentaría debido a un viaje programado.
La audiencia, que dio inicio a las 10:14 a. m., tuvo presentes a los abogados de ambas partes. En el encuentro se dio a conocer la prueba documental del caso, la cual posteriormente se evacuará en el proceso.
“Lo que sucedió hoy simplemente fue que se abrió el orden para incorporar la prueba y se incorporó un documento, específicamente uno notarial. Ya con eso se interrumpe el plazo de ley de los 10 días para volvernos a ver el 30 de setiembre acá, ya con la evacuación de testigos”, comentó a La Nación el abogado de Bravo, Randall Céspedes.
En esa próxima audiencia se presentarán cinco testigos por parte de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann y dos testigos por parte de Diego Bravo, en una jornada que se extenderá desde las 8:30 a. m. y de la cual aún se desconocen los nombres de posibles testigos.
“Se espera recibir tanto la declaración de los representados nuestros como de los testigos de la contraparte. La idea es recibir toda la prueba, las declaraciones y demás, ya para culminar con esta etapa”, señaló Jeison Navarro, representante de Ulate y Hoffmann, este miércoles.
Anteriormente, y tras la primera audiencia, Rafael Rodríguez, abogado de la pareja, dio a conocer los supuestos delitos contra Bravo.
”Nosotros estamos presentando esta querella por siete delitos de difamación en contra de don Mauricio y ocho delitos de difamación en contra de María José... Y dentro de esto hay una acción civil en donde cada una de las partes pide una indemnización por daño moral de ¢5 millones", contó.
Además, contó que pretenden demostrar que “las manifestaciones que hizo don Diego Bravo son manifestaciones que constituyen el delito de difamación. Que el tribunal determine y valore la prueba y, con base en eso, establezca esa responsabilidad”, añadió.