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Para muchos países occidentales, el final del siglo XX significó un momento de quiebre en la historia de los movimientos de lesbianas, gais, bisexuales, personas trans e intersex. Costa Rica no es la excepción: mientras los años 80 se vieron caracterizados por identidades aún en construcción y la represión estatal, para finales de la década de 1990 hay una mayor organización de las poblaciones para hacerle frente a las distintas problemáticas.
Durante esa década, la opinión pública debatió si las lesbianas tenían derecho a reunirse, si los hombres homosexuales eran aptos para ser policías o si podían utilizar aretes y pelo largo en universidades. El bombillo rojo que anunciaba la llegada de la Policía a los bares gay-lésbicos se apagó por siempre, pero las redadas pasaron a acoso, y la misma violencia de décadas anteriores continuó contra las mujeres trans en las calles.
“Yo hablo de un momento de ciudadanía: empiezan a surgir múltiples organizaciones civiles a favor de la diversidad sexual”, detalla el historiador José Jiménez Bolaños. Aparecen la Colectiva Humanas y el Instituto Latinoamericano de Educación y Prevención en Salud, entre muchas otras, así como grupos de diálogo y autoapoyo como Tertulia Entre Mujeres. Además se crea la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes que “se convierten en dos instituciones fundamentales para la canalización de descontentos, reclamos y demandas”, afirma Jiménez.
Esto se puede palpar en dos sentencias de entonces de la Sala Constitucional, la cual declaró inconstitucionales las redadas, así como la que obligó a la Caja Costarricense del Seguro Social a brindar el tratamiento antirretroviral a las personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Para Francisco Madrigal, fundador del Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos, las organizaciones “vimos la necesidad de capacitarnos en incidencia política y administración pública, y de generar evidencia que pudiera colaborar en las luchas de la población LGBT”. De esta forma, se empiezan a realizar investigaciones, además de actividades de sensibilización en el sector público y reuniones con jerarcas de instituciones.
La diferencia con trans
Asimismo, durante los años 90, en países desarrollados empieza a consolidarse el término trans como una sombrilla para distintas identidades que no calzaban en el binario tradicional de hombre y mujer. Aunque tarda en llegar, en Costa Rica también marca una diferencia.
El investigador y activista trans Mar Fournier-Pereira explica: “es difícil entenderse y explicarse al mundo cuando no hay una palabra para nombrarse”. Antes de la aceptación del término como una identidad, a las mujeres trans se les llamaba travestis; Fournier-Pereira menciona cómo ellas mismas, durante mucho tiempo, “se nombraron playos, aunque se sentían mujeres”.
Más organizaciones
Con el cambio de siglo surgen nuevas entidades y otras se consolidan. En el 2005 nace una de las primeras en tratar los temas de diversidad e identidad más allá de lo gay y lo lésbico, Mulabi, con un trabajo enfocado en personas trans e intersex.
En la misma época y después de vivir unos años en Ecuador, regresó al país el activista Abelardo Araya. “Abelardo tenía la característica de que podía mover a los medios como quisiera”, afirma Chacón, una de sus compañeras de luchas.
Esta apreciación es compartida por el también activista Luis Paulino Vargas. “Abelardo fue el único que se atrevió a hacerse público. Yo mismo, tengo que reconocerlo, me aterrorizaba salir en la prensa como salía Abelardo”, afirma Vargas.
A excepción del periodista Marcelo Castro, que salió del clóset en forma pública en el 2000, en esos años no era común que personas expresaran abiertamente una orientación sexual o identidad de género disidente a lo tradicional. Mucho menos ver parejas del mismo sexo tomadas de la mano, como, de forma ocasional, se puede ver ahora en las calles de la capital.
La comunicadora Margarita Salas recuerda como ella y su primera novia eran expulsadas de bares, restaurantes, parques, bibliotecas, monumentos, por andar tomadas de la mano o darse un beso. “Qué lástima que te pasó eso, deberías cuidarte más”, le decían personas cercanas a Salas.
Desde el 2003 se empezaron a realizar pequeños Festivales de la Diversidad, que fueron pasos importantes en visibilización; sin embargo, en sus inicios, no llegaban más de 500 personas, recuerda Francisco Madrigal.
Besos diversos
El miedo a salir públicamente se vio retado en el 2007, cuando tres bares fueron denunciados por discriminación contra parejas del mismo sexo. Las denuncias, que circularon por medio del correo electrónico, culminaron con la primera Ruta del Beso Diverso.
Salas, una de las organizadoras de la manifestación, recuerda que una patrulla las siguió todo el camino. “Ellos no sabían qué hacer. Yo siempre me pregunto: ¿qué hace la Policía cuando alguien amenaza con irse a dar besos?”.
“Darnos un beso en público no es ilegal”, dice Paulina Torres, también fundadora del grupo, y una de las víctimas en esas primeras denuncias.
Hacer esa primera manifestación de besos fue algo tenso, principalmente por miedo a detenciones. Torres recuerda que algunos activistas con más años les dijeron “las apoyamos, pero háganlo ustedes”; inclusive, otros les expresaron: “ustedes lo que están haciendo es cagándose en el activismo”. La primera Ruta del Beso Diverso tuvo más de 100 participantes y ninguna persona detenida.
Hitos
En los 10 años que han pasado desde entonces hay una gran cantidad de hitos importantes para las poblaciones LGBTI: desde la sentencia de la Sala Constitucional que prohibió la realización de referendos sobre temas de derechos humanos, hasta el decreto para la eliminación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el sector público.
La salida del clóset de la entonces diputada Carmen Muñoz, la Marcha de Invisibles, la presentación de los proyectos de matrimonio igualitario e identidad de género, así como la realización anual de la Marcha de la Diversidad son otros puntos importantes.
Todos estos procesos de visibilización, manifestaciones callejeras e incidencia institucional han sido claves para la concreción de algunas demandas. No obstante, para estas poblaciones, el Estado ha saldado apenas una pequeña parte de la deuda que tiene. Las parejas del mismo sexo siguen sin tener acceso pleno a los mismos derechos que las parejas heterosexuales y el irrespeto a la identidad de género de las personas trans las expulsa de espacios públicos, del trabajo y de los sistemas de salud y educación.
Muchas personas LGBTI en zonas rurales son obligadas a emigrar a la capital, las mujeres trans en las calles son diariamente objeto de agresiones con piedras o hasta disparos, y las personas intersex al nacer son sometidas a cirugías donde se mutilan sus genitales para “normalizarlos”.
Para entender la importancia de este saldos pendientes se hace indispensable conocer el origen de la deuda completa, y eso solo lo podemos hacer recuperando estas historias.
