Un oficial de Tránsito de apellidos Ulate Vásquez, de 46 años, fue detenido este jueves en la puerta de una sala de juicio, en Ciudad Quesada, en San Carlos, para que enfrente otra causa penal por tenencia y reproducción de miles de contenidos pornográficos, muchos de ellos de abuso sexual infantil.
Al momento de su detención, el agente, quien estuvo destacado en la delegación de La Fortuna, también enfrenta un juicio por su aparente participación en una banda narco ligada a Alejandro Arias, alias Diablo, que opera en la zona norte del país. Por esta causa, el Tribunal ya pidió para Ulate una sentencia de 12 años de cárcel por infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita y peculado.
El nuevo expediente está relacionado con hechos que habrían ocurrido en fechas previas al 21 de diciembre del 2023, cuando Ulate, presuntamente, “entró en posesión de imágenes y videos con aparente contenido sexual de personas menores de edad. La actividad la habría realizado desde las localidades de La Fortuna y Agua Zarcas”, informó la Fiscalía Adjunta de San Carlos.
Ulate Vásquez es casado, vecino de Aguas Zarcas y padre de dos hijos, uno de ellos, menor de edad. El jueves quedó a las órdenes del Ministerio Público, que lo llevó a su casa para que estuviera presente en el allanamiento de la propiedad.
Este viernes la fiscalía confirmó que al sospechoso se le tomó la declaración indagatoria y, posteriormente, un juez determinó que puede seguir apegado al proceso sin necesidad de cumplir alguna medida cautelar. Desde que se abrió la causa ligada a la banda narco, Ulate está suspendido de sus funciones y, mientras tanto, trabaja como pistero en una gasolinera de la zona.
Según el artículo 173 bis, del Código Penal, la tenencia de material pornográfico en el que aparezcan menores de edad se penaliza con penas de prisión de dos a cinco años.
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La otra causa
En el otro expediente, relacionado con narcotráfico, además de Ulate están acusados tres agentes del Tránsito más, identificados con los apellidos Bravo Quesada, jefe de la delegación de Tránsito de La Fortuna, así como Salas Gutiérrez y López Quesada.
Para Bravo, la Fiscalía pidió 60 años de prisión por los delitos de infracción a la ley de psicotrópicos, homicidio calificado, asociación ilícita, comercialización de armas, peculado (malversación de fondos públicos) y falsedad ideológica. En tanto, para Salas Gutiérrez se pidieron 48 años y tres meses y para López Quesada, 33 años y seis meses.
Según la acusación presentada al inicio del juicio por el fiscal Héctor Bodán, los oficiales presuntamente suministraban a la organización criminal armas, vehículos y placas decomisadas que se encontraban en las instalaciones policiales.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios, entre ellos el jefe regional de la Policía de Tránsito (Bravo Quesada), mantenían informada a la banda sobre los operativos en carretera y, aparentemente, utilizaban patrullas para transportar droga sin levantar sospechas.
Aunque las penas se plantearon desde mediados de esta semana, el Tribunal Penal de San Carlos no ha fijado la fecha para la lectura de la sentencia contra los agentes y otras seis personas más.