La resolución de medidas cautelares señala que los directivos que recibieron estos créditos son el presidente, de apellidos Quesada Madrigal; el vicepresidente, Ovares Chavarría; la tesorera, Loría Aguilar; la secretaria, Conejo Valverde; el director 1, Calvo Zamora; la directora 3, Ocampo Rodríguez; y la fiscal 2, Rojas Calvo.
El Juzgado a cargo del caso mencionó que los datos sobre los créditos corresponden a una investigación preliminar; sin embargo, cita un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que sustenta las cifras mencionadas.
El informe argumenta que las tasas otorgadas son inferiores a las previstas para varias de las modalidades crediticias contempladas en el Reglamento de Crédito y Cobro de la asociación, que establece intereses del 8% al 17% anual, según el tipo de crédito. Sin embargo, la resolución no detalla las modalidades de crédito que habrían obtenido los miembros de la Junta Directiva.
El texto emitido por el juzgado sí menciona tipos de crédito que otorga la asociación con tasas de interés que pueden variar según las condiciones de la operación, como los Créditos de Compensación Solidaria (CCS), o los créditos Back to Back, cuya tasa anual corresponde a la del ahorro más cuatro puntos porcentuales.
Sobre la concentración de préstamos, el juzgado, basado en el informe del OIJ, detalla que reflejarían un “evidente margen de intermediación negativo para la asociación”, producto de los intereses que se dejaron de cobrar.
Esta situación causaría, dice el texto, un perjuicio patrimonial directo para los funcionarios asociados a Asesojud, quienes con sus aportes económicos y rendimientos están “financiando créditos absurdamente beneficiosos para los miembros de la Junta Directiva, cuyas tasas de interés son ajenas a la realidad del sistema bancario nacional”.
Por este caso, la Fiscalía Adjunta de Fraudes investiga el aparente incremento de operaciones crediticias en períodos breves, además de los créditos obtenidos por varios miembros de la Junta con supuestas tasas de interés reducidas, entre otras situaciones.
A la lista se suma una supuesta disminución en la recaudación de cuotas de créditos, pese al aumento del saldo otorgado.
La pesquisa también incluye el otorgamiento presuntamente irregular de una beca a una familiar de uno de los imputados y desembolsos de “cuantía significativa” a determinados proveedores que comparten una misma representación legal.
El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento en las instalaciones de la asociación el 1.° de setiembre de este año. De forma preliminar, se identificaron al menos 14 eventos irregulares, pero la revisión del material decomisado continúa en curso.
