Cada día, en Costa Rica, los diversos cuerpos de policía decomisan casi cinco armas de fuego, en promedio, como parte de sus operaciones.
Entre enero y mayo de este año, las autoridades se han incautado 757 armas, informó este domingo el Ministerio de Seguridad.
Los decomisos incluyen 338 pistolas, 257 revólveres, 45 escopetas, 40 rifles o carabinas, 46 armas de fabricación artesanal y 20 armamentos que no son permitidos en el país.
El Ministerio de Seguridad Pública informó de que en San José se decomisaron 158, en Limón 146, en Alajuela 100, en Heredia 95 y en Puntarenas 77.
Sin embargo, a la hora de sopesar los decomisos frente a la población de cada provincia, Limón destaca como la de mayor incidencia y San José como la de menor.
De acuerdo con estos datos y con la proyección de población del INEC para el 2016, en Limón se decomisan 33 armas por cada 100.000 habitantes, seguida por Heredia con 19, Puntarenas con 16, Alajuela con 10 y San José con 9,8. Seguridad no suministró datos sobre Cartago y Guanacaste.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, destacó que la confiscación de estos artefactos puede evitar su empleo en tipo de delito, como en homicidios, pues un 70% de los asesinatos se realizan con armas de fuego.
“Con la importante cantidad de armas decomisadas que hemos tenido en los megaoperativos, más el cuantioso decomiso de armas que hizo la Policía Control de Drogas en una sola operación, significa que son armas que estamos sacando de las calles y evitamos que pudieran ser herramientas utilizadas para cometer homicidios”, indicó el jerarca.
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Hasta el mediodía del jueves, las autoridades de seguridad registraban 247 homicidios en lo que va del año, esta cifra supera en 25 los asesinatos ocurridos durante el mismo periodo en el 2017.
Debido a esta oleada de violencia, el ministro Soto anunció, la semana anterior, que integrará un Consejo de Seguridad, en el que coordinarán las acciones operativas en zonas vulnerables, pero con la colaboración del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia y otras entidades del sector social.
Su intención es identificar personas que, por su condición de pobreza, puedan resultar blancos fáciles para la acción de grupos criminales, para que el Estado las ayude a surgir de manera honesta.
Entre sus planes también está un mejor control de armas de fuego.
Parte del problema es que muchas de esas armas han entrado de manera ilícita al país y terminan en el mercado negro, según lo han constatado con muchas de las decomisadas en los diversos operativos. La pistola de calibre 9 milímetros es la más usada en actos criminales, acotó.