El proyecto de ley que pretende permitir el bloqueo de la señal celular en las cárceles del país lleva nueve meses varado en la Asamblea Legislativa.
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Se trata del expediente N.° 19.932, el cual busca agregar un nuevo inciso a la Ley General de Telecomunicaciones.
El 13 de abril del 2016, el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), presentaron la iniciativa ante el Congreso.
De acuerdo con el plan, los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones deben “adoptar y aplicar” soluciones técnicas que impidan la prestación de servicios al interior de las cárceles.
Sin embargo, desde su presentación hasta la fecha, el plan sigue estancado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Consultados todos los decretos en que el Poder Ejecutivo ha convocado proyectos para discutirse en sesiones extraordinarias, en ninguno aparece la iniciativa sobre bloqueo de celulares en cárceles.
Estas sesiones –en las que el Gobierno define cuáles proyectos de su máximo interés se discutirán en el Congreso– comprenden un periodo de cinco meses: entre diciembre y abril.
¿Qué pasa?
Para diputados como Francisco Camacho, del Frente Amplio, la principal razón del atraso es el trámite de vía rápida del impuesto a las sociedades, pues esa discusión obligaba a los legisladores a reunirse en el plenario en horarios que chocaban con el de la Comisión. “Aún no se ha visto (...) Calculo que de aquí a seis meses podría estarse conociendo”, dijo.
Por lo anterior, Camacho indicó que aún no podría detallar cuáles trabas podría afrontar la propuesta de ley. “No sabemos qué puede pasar con este proyecto. No sabemos si habrá gente dispuesta a defender la delincuencia organizada, que tiene celulares en las cárceles. Esa sería una posición que nos preocuparía mucho”, contó.
El legislador insistió en la importancia que tiene esta iniciativa debido a la criminalidad que se genera desde la prisión.
“Nos hemos dado cuenta de personas que han metido tres, cuatro y hasta cinco celulares a la cárcel. Además del negocio a lo interno para vender minutos a otros internos, también los usan para delinquir”, acotó.
Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, reiteró que la mejor solución para evitar el uso de celulares en las prisiones es bloquear la señal.
“Hay que optar por tecnologías que sean amigables y generen el mejor efecto posible. Es un tema que afecta a todos. Se hacen daños a la seguridad ciudadana y la administración debe tener una respuesta”, manifestó.
13 policías castigados por meter teléfonos a prisiones
En los últimos cinco años, al menos 13 policías penitenciarios han sido castigados a nivel administrativo, por meter teléfonos celulares a las prisiones.
La información corresponde a los años 2011, 2012, 2015 y el 2016. Para el 2013 y 2014 no hay datos, según el Ministerio de Justicia. De los oficiales sancionados, seis fueron despedidos de sus cargos, mientras que siete recibieron entre tres y 30 días de suspensión.
Pablo Bertozzi, director de esa Policía, aseguró: “Si nos damos cuenta de que si comete esa falta, pero no se despide, la Administración asume un papel más riguroso en contra de esa persona. Es más severo, porque sabemos que cometió una falta, que generó un acto de esa naturaleza ”, detalló.
Lo mismo ocurre con los visitantes que son descubiertos intentando introducir un celular a prisión. Debido a que esa acción no es un delito, solo se puede castigar a nivel administrativo. En esos casos, se prohíbe a las personas visitar las cárceles hasta por un año.