El pasado 2 de abril, una mujer de apellido Urbina y vecina de San Carlos, Alajuela, recibió a una bebé de 10 meses, supuestamente a cambio de ¢1.000 que le pidió la propia madre.
Ese mismo sábado, Urbina dio aviso a las autoridades y llamó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para informarles sobre lo sucedido. Ella conversó con una trabajadora social de la institución, quien le pidió que se presentara a las oficinas el lunes siguiente.
Mientras tanto, para atender la situación, bastó con que oficiales de la Fuerza Pública vieran al niño, consideraran que estaba bien y se lo dejaran a la supuesta compradora hasta que abrieran las oficinas del PANI.
Este caso ilustra la falta de capacidad que tiene el Patronato para atender denuncias fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) durante los fines de semana, pues las 47 oficinas regionales están cerradas esos días.
Según la presidenta de la institución, Ana Teresa León, solo cuando se trata de una “emergencia” (como agresiones o abusos sexuales), se desplaza a personal desde San José.
En la capital, la entidad tiene el Departamento de Atención Inmediata (DAI), que labora las 24 horas del día, los siete días de la semana y está integrado por 45 personas.
Tarea pasa a policías. De acuerdo con León, si el caso de la bebé de San Carlos hubiese sido una “emergencia”, se hubiera tenido que desplazar personal del DAI, pero, como no fue así, fue suficiente el criterio de los oficiales.
“La Policía costarricense, desde hace muchos años, está bastante capacitada en todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Saben qué hacer; ellos están entrenados en qué hacer en estas situaciones”, dijo León.
La jerarca del PANI manifestó que no es posible tener un DAI en todas las provincias, pero se están evaluando otras opciones para solventar la situación, como contratar una empresa que haga el traslado del niño afectado.
“Si hay que salir corriendo, se hace. No podemos estar en todas partes, ni nosotros ni la Policía, se trata de hacer conciencia en la gente y sensibilizarla de no maltratar, no golpear y no abusar”, expresó la jerarca del PANI.
Consultado sobre el tema, el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, dijo no querer entrar en una confrontación con la presidenta del PANI.
No obstante, reconoció que aunque los oficiales están capacitados para asistir en casos de violencia intrafamiliar, es importancia la labor de funcionarios del Patronato cuando hay menores involucrados.
“Tratamos de darle soporte y atención al problema, pero, sin duda alguna, siempre es importante la participación del PANI para la atención de esos menores en riesgo”, enfatizó Andrade.
Montserrat Solano, defensora de los Habitantes, comunicó que, precisamente, este tema será señalado en el informe de labores que dará al Congreso en julio.
“Estamos estudiando un caso en una oficina regional donde hay falta de abordaje. Creemos que no es falta de voluntad, pero sí de capacidad”, aseveró.
Un informe de la Contraloría General de la República, emitido en el 2013, señaló que el PANI dejó de atender unas 4.000 denuncias, entre enero y junio de ese año. No hay un análisis más reciente de este tema.
El ente llamó la atención, pues estimó que el seguimiento de quejas por niños en riesgo no fue “suficiente ni oportuno”.
