A partir de este lunes, los policías penitenciarios siguen muy de cerca los pasos de ocho reos (siete hombres y una mujer) que están en libertad.
Esos reclusos, que fueron condenados por delitos como robo simple, robo agravado y venta de droga, recibieron la autorización de un juez para poder usar una tobillera electrónica. Ellos deben descontar penas entre los tres meses y seis años.
Por lo tanto, hoy los presos se acercaron al centro de monitoreo de la Policía Penitenciaria, en San José centro, para colocarse el aparato. Al salir del edificio, sabían que sus movimientos quedarían registrados las 24 horas del día.
Todo esto forma parte del plan de monitoreo electrónico, que fue estrenado este lunes por el Ministerio de Justicia. Este proyecto entró en vigencia luego de sufrir un atraso de meses por una licitación que fue declarada desierta en noviembre del 2015.
Marco Feoli, viceministro de Justicia, detalló que estos reclusos son apenas los primeros que empezarán en el programa de vigilancia electrónica. Ese despacho invirtió ¢860 millones en la compra de 270 dispositivos, y se prevé que en los próximos días se coloquen más aparatos.
Este arranque es "una buen noticia (...) porque se comienza a utilizar otro tipo de sanciones distintas al encierro. (...) Es un plan que se ajusta a lo que se ha venido haciendo en otros países ante la demostrada ineficacia de la pena de prisión", declaró el funcionario.
Para este año, Justicia buscará conseguir ¢500 millones más para ampliar el proyecto.
Funcionamiento
Según explicó Manuel Delgado, coordinador de la Unidad de Seguimiento y Vigilancia Electrónica, el aparato se instala en el tobillo del reo luego de que un juez autorice la sanción alternativa.
Luego se define su zona de inclusión; es decir, los lugares donde él puede transitar, ya sea su casa, hospital, lugar de trabajo o estudio.
Al tener eso definido, se le entrega al preso un cargador de enchufe y otro portátil.
"La duración de la batería del dispositivo es de 48 horas. Cuando se va a descargar, emite una alerta para advertirle a la persona que se debe cargar", detalló Delgado.
En total, en el centro de monitoreo habrá 16 policías que se encargarán de dar seguimiento las 24 horas del día. También habrá siete funcionarios técnicos y profesionales (abogados, orientadores, psicólogos y trabajadores sociales), quienes se encargarán de dar seguimiento a estas personas.
En caso de que algún preso corte o dañe la tobillera, se activaría el protocolo para dar con su paradero y así eliminarle este beneficio otorgado.
Poca incidencia
Ya en marcha el plan, las autoridades aclararon que esto no disminuirá el hacinamiento en el sistema penitenciario, porque los requisitos para que un reo pueda usar una tobillera son "muy rigurosos".
Por ejemplo, los beneficiados deben ser primarios (no tener antecedentes penales), que el delito cometido no sea violento (quedan excluidos quienes están ligados a crimen organizado o a delitos sexuales contra menores de edad), y que su condena sea menor a los seis años.
Además, la decisión de quién usa o no el dispositivo le corresponde únicamente a los jueces penales o de Ejecución de la Pena. En ese sentido, Feoli insistió: "No es una decisión del Ministerio de Justicia; depende de los jueces. Ellos ordenan quiénes tendrán medidas y nosotros, muy obedientes, se las imponemos. No tenemos margen de maniobra para decir que esta persona usará o no un aparato".
Por lo tanto, el viceministro pidió a los jueces que tengan "creatividad" a la hora de imponer sanciones y así aprovechar, "de forma racional", los aparatos.
Atrasos
En febrero del 2015, el Ministerio de Justicia anunció que haría una licitación para contratar a una empresa que se encargara del proyecto. En ese momento, el plan iba a ser financiado con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, en noviembre de ese año la entidad declaró el concurso desierto, debido a que la única compañía que cumplió con los requerimientos técnicos presentó una oferta económica superior a lo presupuestado en el préstamo.
Siete meses después, Justicia informó de que cambiaría de ruta: ya no recurriría a una licitación, sino que haría una contratación directa. Además, ya no se usaría el préstamo del BID, sino que se cubriría con presupuesto ordinario.
Para lograrlo, invitó a instituciones públicas a concursar y, en octubre del 2016, confirmaron la adjudicación del proyecto a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Cada brazalete le cuesta al país $18 diarios.