El 16 de mayo de 2018, la estación de Bomberos de Nosara, en Nicoya de Guanacaste, compartió un video de un vertedero ilegal repleto de basura que estaba justo al lado de la calle, el cual afeaba y contaminaba el paisaje característico del área costera.
“No es una situación de incendio o de peligro de muerte, pero esto debe tomarse con la misma gravedad. El vertido de basura está plagando la ciudad y los bomberos no tienen la intención de quedarse sentados ociosamente. Si ve a alguien alimentando un vertedero ilegal, por favor repórtelo. Necesitamos unirnos y mantener este planeta limpio, es el único que tenemos”, escribieron los responsables de la estación local.
Hoy, más de cinco años después, la situación no ha cambiado. Los vertederos ilegales han aumentado y en las calles de Nosara es cada vez más común toparse con un basurero a cielo abierto y, peor aún, con incendios de desechos que ponen en riesgo a la población. Vecinos sostienen que se trata de empresas constructoras que queman sus residuos aquí para ahorrarse costos.
Restos de madera, plástico, cartón, metal y demás objetos que podrían ser reciclados, son el motor para inmensos incendios que afectan las vías respiratorias de cientos de ciudadanos que están cansados de denunciar y no recibir ayuda. Los desperdicios no solo atentan contra la vida de las personas, sino que además dañan el ecosistema de una de las playas más bellas del país.
En un video que envió un residente a este diario, y quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, se observa cómo un camión cargado de desechos de construcción ingresa a una propiedad con un portón de metal que lleva a un vertedero ilegal. De acuerdo con los vecinos, esto es cosa de todas las semanas, ya que las construcciones en este punto de Guanacaste han aumentado exponencialmente en los últimos años y a nadie parece interesarle darle un manejo adecuado a los residuos.
Jonathan Briceño, de la estación de Bomberos de Nosara, confirmó el lunes pasado a La Nación que en los últimos tres meses ha aumentado considerablemente el reporte de quemas en basureros clandestinos, principalmente en las zonas de Santa Marta y Nosara Springs. Aseguró que los ciudadanos llaman más de cuatro veces por semana y hasta varias personas en un mismo día.
“Ha sido algo frecuente esta situación. Es muy seguido la verdad”, contó Briceño, al explicar que aunque los bomberos los apagan, al otro día vuelven a aparecer en el mismo lugar. De hecho, en denuncias elevadas a la Municipalidad de Nicoya, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, en poder de este periódico, consta que el problema no se detiene.
Aunque se han detectado vertederos intermitentes que aparecen y se esfuman según el accionar de Bomberos, para este reportaje se obtuvo documentación detallada de un caso específico que empezó a generar molestias desde 2020. Un vecino interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud el 8 de diciembre de ese año y dijo lo siguiente: “Quiero denunciar a (nombre) que vive cerca de la esquina de la plaza de Santa Marta y por más de un año ha tenido un basurero ilegal detrás de la casa”.
“La entrada está a 50 metros del puente de Santa Marta. El señor recibe todo tipo de basura de construcciones en transportes grandes y todo lo quema en las noches y fines de semana. Cada noche no podemos respirar. El humo de plásticos y demás tipos desechos son peligrosos para mi familia y yo ya estoy enfermo. Ya he presentado cuatro denuncias a ustedes y nunca han mandado un inspector. Este es un problema de salud para todo el barrio”, describió el denunciante, sin recibir respuesta.
Cinco días después, el mismo vecino añadió a la denuncia una fotografía de un incendio realizado un día antes a las 5 p. m. en el sitio que mencionó y escribió: “Este humo es tóxico. Toda la gente de Santa Marta está respirando esta basura todos los días. Por favor cierren este vertedero ilegal”. Tres días después envió otra fotografía de un nuevo incendio, pero siguió sin ser atendido.
El vecino contó que los funcionarios de Salud llegaron el 21 de diciembre del 2020, pero apenas un día después regresaron los incendios a las 9 p. m. Ese día la quema se extendió por más de dos horas y llenó de humo a todo el barrio mientras dormía. El problema continuó y el denunciante envió otro reporte al Ministerio el 15 de enero de 2021, porque la situación no mermaba.
Desinterés municipal
Cansado de no recibir respuesta, el vecino acudió a la Municipalidad de Nicoya, la cual le aseguró que el 15 de abril de ese año elevarían el caso a la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz e incluso notificarían al dueño del terreno donde se ubicaba el vertedero ilegal. Sin embargo, a finales de mayo el ciudadano les advirtió que el problema continuaba con completa impunidad.
Tras la inacción de Salud y el gobierno local, un residente recurrió al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y describió lo siguiente: “El basurero acepta desechos de construcción y los quema diariamente. Crea una gran cantidad de humo tóxico y olores del material en llamas. Los miembros de mi familia tienen asma y les afecta gravemente. Los residuos se están tirando a 200 metros del río Nosara, lo que también es motivo de preocupación. Por favor, vean las fotos que les adjuntamos aquí”.
A finales de 2022, ya desesperados, un grupo de vecinos preparó un documento con las coordenadas, fotografías y todas las pruebas necesarias para denunciar esta actividad ilegal ante todas las instituciones que deberían hacer algo al respecto y destacando que aunque se han acercado por su cuenta para tratar de resolver el tema por las vías civiles, los dueños del vertedero de Santa Marta y otros han sido violentos y han tenido una actitud hostil cuando se les ha reclamado por esto.
“Debido a la cercanía con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional y con el Río Nosara, la zona en donde está la propiedad con el botadero ilegal a cielo abierto y en donde constantemente se están haciendo quemas ilegales, es sumamente vulnerable desde el punto de vista ambiental y las acciones que inescrupulosamente se están llevando a cabo en la propiedad indicada, están creando un daño ambiental y a la salud de los habitantes, de carácter grave, probablemente irreversible.
“En la propiedad se está dando una actividad de recibo y gestión de desechos, totalmente inadecuada. La actividad carece de los permisos requeridos por normativa aplicable y, al ser una actividad clandestina, a cargo de personas físicas que no cuentan con conocimiento, personal, recursos, equipo de protección o experiencia para gestionar residuos y agentes contaminantes, implica un riesgo para los habitantes de la zona, para la flora y fauna, para los acuíferos y otros cuerpos de agua cercanos.
“Independientemente de las sustancias que se estén quemando ahí, junto con el polvo de la zona, dichas acciones además implican un incremento de infecciones y enfermedades respiratorias, incluso asma y, si a esto sumamos humo, mal olor y posible contaminación de residuos líquidos, pues a este lugar al parecer llega todo tipo de basura; es evidente que la actividad se está realizando con plena complacencia de los dueños del terreno, a quienes no hemos podido identificar”, dice la denuncia formal.
Riesgo a la salud y marco legal
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos explica que la mayor amenaza para la salud por parte del humo de incendios proviene de partículas finas y microscópicas que pueden penetrar profundo en los pulmones y provocar una serie de problemas de salud, desde irritación en los ojos y goteo nasal, hasta enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. Además, advierte que la exposición prolongada a la contaminación por partículas incluso se relaciona con la muerte prematura.
Señala que quienes corren más riesgo son las personas que padecen enfermedades cardíacas o pulmonares como insuficiencia cardíaca, angina de pecho, enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema o asma. También los adultos mayores, los menores de edad, las personas con diabetes o las mujeres que están embarazadas.
No obstante, subraya que cualquier tipo de persona se verá afectada por este problema, ya que constantemente presentará ardor en los ojos, goteo nasal, tos, flema, sibilancia y dificultad para respirar. Aquellos con enfermedades cardíacas además pueden experimentar dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aire o fatiga, y quienes padecen enfermedades pulmonares se exponen a no poder respirar tan profundo como de costumbre y sufrir más tos, flema, molestia en el pecho y sibilancia.
La Ley para la Gestión Integral de Residuos de Costa Rica indica que los residuos peligrosos son aquellos que, por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente. Esto aplica para los desechos que se botan en Nosara.
Esta legislación castiga con una multa de cien a doscientos salarios base (de ¢46 millones a ¢92 millones) a quien almacene o deposite estos residuos en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones correspondientes. Se aplica el mismo castigo por quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar dichos residuos en sitios no autorizados, así como por transportarlos sin la autorización correspondiente.
La ley también señala que se impondrá la pena de prisión de dos a quince años a la persona que sin autorización exporte, importe, transporte, almacene, comercialice o ponga en circulación residuos o sustancias peligrosas y la pena será de seis meses a tres años si estas conductas se realizan con otros tipos de residuos y sin autorización. Además, se impondrá la pena de prisión de dos a quince años a la persona que abandone, deposite o arroje en forma ilegal residuos peligrosos.
Se agrega que la sanción podrá aumentarse en un tercio cuando se abandonen, depositen o arrojen residuos peligrosos en áreas de protección del recurso hídrico, áreas silvestres protegidas, la zona marítimo-terrestre, aguas marinas o continentales y los cuerpos de agua destinados al consumo humano. Asimismo, la pena será de seis meses a cuatro años si lo que se arroja ilegalmente en estas áreas son otros tipos de residuos o sustancias, o si se depositan sobre bienes del Estado.
