Además, denunció que desde los balcones de alguno de los edificios académicos, los muchachos les lanzaron piedras a los oficiales del Ministerio de Seguridad.

Los hechos ocurrieron a las 10:30 p. m. del jueves frente a la Facultad de Derecho cuando un grupo de oficiales empezó a replegar a los manifestantes, que ya cumplían un día completo de obstaculizar el paso de vehículos por esa transitada zona capitalina.

Ellos protestan porque el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo año decreció con respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). En 2019 este porcentaje representó 1,35% del PIB y en 2020 será de 1,33%.

"El motivo por el cual voy a pedirle por escrito a las autoridades universitarias que se refieran a lo ocurrido, es porque el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón Rodríguez, coordinó de previo con la seguridad del campus para pedirles que el portón lateral que está por la Facultad de Derecho fuese cerrado. Sin embargo, estas personas le dijeron que no, porque los manifestantes lo habían encadenado y tenían el control de este.

“No obstante, cuando se da la situación, y contrario a lo que nosotros esperábamos, la seguridad salió al portón que continuaba abierto y permitió el acceso de todas estas personas al campus universitario, desde donde comenzaron a tirarle piedras a los oficiales de la Fuerza Pública.

"En los videos se ve que tiran piedras de los balcones y que se permite el acceso de ellos, incluso (los guardas de la UCR) hicieron una especie de cadena para impedir que nosotros entráramos, lo cual no era un objetivo, porque tenemos claro cómo proceder ante estas circunstancias”, explicó Soto.

Agregó que antes de tomar una decisión enviará una carta a Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, en la que le pedirá que por favor observe los videos y haga una interpretación respecto al accionar de la seguridad universitaria, tomando en cuenta que existe un protocolo en el que se dice que ellos deben funcionar como auxiliares de la Fuerza Pública cuando se está en presencia de un delito.

“En las grabaciones se ve a todas luces que están cometiendo delitos como obstaculizar vías, quemar llantas y agredir a policías, por lo que deben actuar en consonancia y no facilitar el ingreso de estas personas al campus universitario”, aseveró Soto

En determinado momento, según consta en videos, un hombre encapuchado hace una línea de combustible en la calle y la enciende para frenar el paso de los policías. En esa misma secuencia también se observa a ese hombre lanzar un líquido al cuerpo del subdirector de la Fuerza Pública de San José, Nelson Barquero.

El ministro recalcó que si bien los que estuvieron en más riesgo fueron los oficiales, particulares que transitan por esa zona pública (no es de la universidad) pudieron verse afectados.

Asimismo, dijo que los recipientes decomisados son una evidencia clara de que tenían intenciones de generar disturbios. Además, el oficial Barquero le confirmó que el líquido que le lanzaron fue gasolina, pero que ahora el discurso es otro para evadir la responsabilidad.

“Si las personas tuvieron agallas de estar ahí, que tengan la valentía de asumir su responsabilidad desde el punto de vista penal, pusieron en riesgo la vida de un oficial de policía y de un ser humano, ante todo”, recalcó.

Soto expresó que uno de los individuos le pegó un puñetazo a la asesora legal Katia Rivera, quien hacía un video para usarlo como evidencia.

Consideró que la autonomía universitaria tiene límites y que ellos son respetuosos, pero enfatizó que hay acuerdos de coordinación ante situaciones delictivas, en las que se conversa con la seguridad interna para que colabore.

"Yo respeto la UCR, considero que es importante para el desarrollo del país y que el 99% de los estudiantes de ahí son gente honesta, decente, que no pretende generar disturbios de este tipo, pero hay grupo pequeño que sí lo hace y de ahí viene la problemática (...).

“La intención de Daniel Calderón, cuando conversó con la seguridad universitaria, era que colaboraran y no permitieran el ingreso de estas personas a la universidad para que la Fuerza Pública hiciera su trabajo en la vía pública. Pese a eso, la actuación de los policías fue profesional, responsable y en respeto en todo momento a la legislación y derechos humanos de las personas. Reconozco ese trabajo porque un hecho de este tipo en otra latitud pudo terminar con heridos y fallecidos", manifestó Soto.

Aclaró que en estos casos hay un protocolo: agotar las vías de diálogo. En este caso, no se llegó a una negociación por lo que se decidió intervenir.

No se hizo durante el día por el riesgo para las personas que trabajan o acuden a comercios cercanos, así como para la población estudiantil que está en lecciones.

“Se buscó un momento menos complicado y riesgoso para hacer la operación policial, es una valoración técnica que implica análisis, evaluación de riesgos, preparación y logística”, puntualizó.

Al respecto, el presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó su apoyo, solidaridad y agradecimiento con los oficiales de la Fuerza Pública.

“Rociar gasolina en la vía pública para atentar contra la vida de los efectivos de la Fuerza Pública es inadmisible. Nuestros cuerpos policiales trabajan para garantizar la seguridad de las personas”, indicó el mandatario vía Twitter.

Medidas cautelares para los sospechosos

A las 9:38 p.m. de este viernes, el Ministerio Público indicó por su cuenta de Twitter y perfil de Facebook, que a los siete sospechosos de cometer incendios, obstrucción de vías y resistencia a la autoridad, les impusieron medidas cautelares.

Entre estas figuran el impedimento de salida del país, presentarse a firmar al juzgado cada 15 días y la prohibición de acercarse o amedrentar a testigos o víctimas durante todo el proceso.

Una versión diferente

Por su parte, la UCR informó, mediante un comunicado de prensa, que este jueves los portones de la casa de enseñanza se cerraron antes de las 11 p. m., debido a la tensión que existía entre los manifestantes y la Fuerza Pública.

Aunque no se conoce la hora, los videos más bien demuestran que los manifestantes se refugiaron dentro del campus y luego se aprecia que los encargados de seguridad de la UCR impiden el ingreso de la Fuerza Pública.

Este viernes, la UCR alegó que no había podido determinar la relación existente entre los detenidos y la institución, pues, al tratarse de una causa penal, la Universidad no tiene acceso a los expedientes ni a la identidad de las personas detenidas.

“La UCR reitera que ayer (jueves) en la aprobación en segundo debate del presupuesto de la República, no se recortó el presupuesto del FEES”, detalla el comunicado.

La 'U' añadió que ponen a la disposición de las autoridades judiciales los videos de seguridad de las cámaras en caso de ser necesarios y mencionaron que el actuar de los oficiales de seguridad de la UCR fue en procura de “evitar situaciones de violencia y riesgo”.

En declaraciones publicadas por el Semanario Universidad, Ana María Rojas, del Frente Autónomo Universitario, sostuvo que los oficiales de seguridad del centro de estudios los apoyaron.

“Algunos estudiantes entraron a la UCR, como lo habíamos acordado con los ‘compas’ de Seguridad. Fueron una maravilla, nos apoyaron y acuerparon muchísimo. A mí me metieron dentro de la universidad. En afán de protegernos crearon una barrera humana para protegernos con sus cuerpos y cerraron, simultáneamente, el portón”, aseguró Rojas.

A las 5:25 p. m. de este viernes el rector Henning Jensen envió un pequeño texto a la prensa.

“Al observar un video que muestra a un manifestante que lanza gasolina a un oficial de Policía, en la intersección donde se encuentra la Facultad de Derecho, se siente una profunda consternación, una gran tristeza y un absoluto repudio.

"No podemos estar de acuerdo en que se atente contra la vida de personas, en nombre de una universidad que cultiva el amor por el conocimiento, las artes y las humanidades; en fin, por la vida. Es contrario a una institución de cultura superior sembrar violencia, diseminar odio y ritualizar la destrucción.

"En horas difíciles, para la universidad y la nación, debemos afinar las cuerdas de la razón, no tensar los frágiles hilos de la discordia”, declaró.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) manifestó en Facebook que repudia “los actos de violencia cometidos de parte de la Fuerza Pública en contra de estudiantes que se manifestaban pacíficamente con bloqueos en la UNA y la UCR”.

Los disturbios en San Pedro dejaron siete detenidos, cuatro hombres y tres mujeres. En San Ramón se identificaron, a petición de la Fiscalía, cuatro hombres.

La Fiscalía informó que los imputados responden a los apellidos Carvajal Monterrey, Cisneros Quesada, Solís Aponte, Mora Castro, Vásquez Orozco (mujer), Tapia Álvarez (mujer) y Hernández Morales.

“De acuerdo con la Fiscalía, las acciones aparentemente realizadas por este grupo pusieron en peligro la seguridad pública y tuvieron presuntos fines terroristas que pusieron en riesgo la vida e integridad física de oficiales de Fuerza Pública”, indicó el Ministerio Público.

El delito de incendio o explosión, en su modalidad agravada, establece penas de entre seis y 15 años de prisión, “si hubiera peligro de muerte para alguna persona, si existiera peligro de destrucción de bienes de valor científico, artístico, histórico o religioso, si se pusiere en peligro la seguridad pública, o si se tuviere en fines terroristas”.

El Código Penal establece sanciones de 10 a 30 días de prisión y de uno a cinco años de cárcel para las conductas de obstrucción de vía pública y resistencia, respectivamente.

Información actualizada a las 8:15 p. m. con más datos.